En los hospitales pùblicos se cierran servicios, mientras crece el presupuesto para las guerras
Estados Unidos es una nación para admirar y rechazar. Es la meca del desarrollo industrial, tecnológico y del consumismo, hombres y mujeres consagrados a su trabajo, amantes de su país y dispuesto a darlo todo por él.
Pero también aquí hay más de 42 millones de personas sin seguro médico, donde un loco, por resentimientos, es capaz de proyectarse en una avioneta contra un edificio público, donde cada día hay más desempleados, donde más drogas se consumen en el mundo, donde un escolar puede llegar y asesinar a sus colegas y profesores, donde un Presidente, Premio Nobel de la Paz, tiene un maletín para decidir, al apretar un botón, el destino de la humanidad al atacar con armas nucleares a cualquier punto del universo.
Es la nación donde hay toda una estrategia millonaria para enfrentar el terrorismo al precio que sea necesario y sin embargo Cinco antiterroristas cubanos están condenados por combatirlo en su propio territorio, mientras por las calles de Miami terroristas confesos como Posada Carriles y Orlando Boch, autores de un criminal atentado a un avión civil, disfrutan de total libertad.
En este contradictorio país con más de dos millones de personas millonarias, más de 46 millones de pobres y un presupuesto militar que asciende a 708.000 millones de dólares para el 2011 para mantener la guerra genocida contra Iraq y Afganistán y tener más de mil bases militares por todo el mundo, su sistema de educación y salud pública están colapsando.
La primera referencia llegó desde el Hospital Jackson Memorial, en la Florida, Estados Unidos, de reconocido prestigio por la prestación de servicios a personas de pocos recursos económicos. Aquí, para ahorrar, se anunciaba el cierre de la sala de atención a pacientes necesitados de diálisis. Se les estaba condenando a la muerte.
Ahora, desde Los Ángeles, en California, el periódico digital La Opinion.com, con fecha 17 de febrero, reportaba que el hospital público Grady Memorial de Atlanta también anunciaba, por problemas financieros, el cierre de algunos de sus servicios, entre ellos el de diálisis.
En el reporte periodístico se dice:
“El tratamiento suele costar entre 40,000 y 50,000 dólares anuales por paciente, y Grady es sólo uno de los hospitales públicos que, en medio de los problemas económicos, han eliminado el servicio para reducir los costos. Muchos pacientes pobres que requieren diálisis, incluida Kaur, son inmigrantes indocumentados, de modo que las instalaciones que les dan tratamientos no reciben dinero del gobierno federal para esa atención. Kaur, de 26 años, quien estudió enfermería y alguna vez fue becaria en Grady, dijo que desconoce si recibirá el tratamiento que necesita para sobrevivir. “Espero realmente que Dios me ayude”, dijo la ciudadana india en una mañana reciente. “De otro modo, es como tener una sentencia de muerte”.
“Los hospitales públicos suelen ser la única opción para los inmigrantes indocumentados y otros que carecen seguro de salud, pues esas clínicas atienden a cualquier persona. Pero muchos de esos hospitales tienen severos problemas de financiación, y varios han renunciado al tratamiento de diálisis para controlar los costos”.
(http://www.impre.com/salud/2010/2/17/en-limbo-inmigrantes-que-neces-173675-1.html)
Es decir, que la actual crisis estructural capitalista, nacida en los Estados Unidos y globalizada, hace que los pobres sean cada vez más pobres y que los enfermos sin seguro, en su gran mayoría inmigrantes, aunque no los únicos, pasen “al corredor de la muerte” sin haber sido sentenciados judicialmente.
http://www.tvavila.icrt.cu
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