Mientras los madrileños ven cada día recortados los fondos de gastos públicos para los que ellos contribuyen, la presidenta de esa comunidad autónoma española, Esperanza Aguirre, desvía importantes sumas de dinero de ese presupuesto para financiar la subversión en Cuba, y a un grupo de mafiosos de origen cubano radicados allí.
Aguirre, afamada como el ex presidente del gobierno español José María Aznar por su enfermiza conducta anticubana, no escatima en malversar a costa de los contribuyentes madrileños con el propósito de mantener a la cada vez más debilitada y desprestigiada contrarrevolución interna en la mayor de las Antillas.
La red mafiosa liderada por la “Esperanza” para pretender subvertir el orden en la isla caribeña y destruir su Revolución es todo un pulpo con asentamiento en la capital española, cuyos tentáculos lo conforman conocidas organizaciones anticubanas como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID-por sus siglas en inglés), la cual a través de Freedon House financia la Fundación Hispano Cubana, Solidaridad Española con Cuba y la Federación Española de Asociaciones Cubanas, entre otras, como la polaca que encabeza Lesh Walessa.
De esa misma red son especialmente amamantados de la integrante del derechista Partido Popular (PP) y presidenta de la Comunidad de Madrid, además de su viejo amigo Carlos Alberto Montaner, otros connotados contrarrevolucionarios de origen cubano como Raúl Rivero, y su esposa Blanca Reyes.
Por cierto, que Reyes se considera una “vedette” y es la que decide en el tema de los conglomerados de cubanos en España, por sus muy estrechas relaciones personales con la Aguirre, y en los fondos que ésta ultima destina a la “causa”.
A todos los une el hecho de llenarse sus bolsillos a costa del viejo negocio de hacer la guerra contra Cuba, y con ese propósito celebraron en Madrid durante este año dos eventos, escandalosos por sus recepciones y comelatas, convocados por la fundaciones de Lesh Walesa, y la FAES (encabezada por Aznar), y que fueron pagados por la USAID, el PP y el gobierno Madrid.
Ambas reuniones tuvieron como objetivo intentar presionar a la Unión Europea (UE) para que no elimine definitivamente la fracasada Posición Común que impone a Cuba desde 1996, y lograr obtener más fondos para sus arcas personales y la subversión en la isla caribeña.
Claro está que ese dinero no se emplea, por ejemplo, para los presos denominados “disidentes” que recientemente Cuba excarceló y que viajaron días atrás a Madrid, previo acuerdo con las autoridades españolas, y donde no han recibido las atenciones que ellos esperaban, según sus propias declaraciones a la prensa en ese estado europeo.
Tales mercenarios liberados han protestado por sus actuales condiciones de vida en España, alegando en algunos casos que han sido hospedados en centros de acogida de inmigrantes de ciudadanos de otros países, en los cuales los “baños son colectivos” y las “comodidades” no existen.
Sus sueños de vivir en una lujosa residencia de la vistosa avenida madrileña de la Castellana no se han cumplido, mientras a la red mafiosa de la “Esperanza” parece no preocuparle mucho por la situación de esos ex presos también llamados “opositores” cubanos.
Mientras tanto, en La Habana las contrarrevolucionarias autotituladas “Damas de Blanco” están hoy más enfrentadas que nunca porque algunas de ellas, como Laura Pollán, persisten en buscar pretextos para mantener ese grupúsculo luego de la excarcelación de sus familiares.
Las “Damas de Blanco” están viendo venir que en cualquier momento pueden dejar de recibir el financiamiento que desde el exterior les suministran para sus actividades subversivas en Cuba, de lo que han hecho un modo de vida.
El mismo guión se repite nuevamente. Mientras los contrarrevolucionarios son utilizados como fichas para agredir a Cuba por las redes mafiosas como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tienen respaldo monetario, sin embargo cuando dejan de servir porque, entre otras cosas, deciden abandonar por su propia voluntad la Isla son olvidados por sus patrocinadores en el basurero polvoriento de la historia.
Autor: Antonio Núñez
Cubdebate
Editado desde la ciudad de Bayamo, Cuba, por el periodista David Rodríguez Rodríguez.
Posicionamiento
Web
<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="www.fidel-elcedro.blogspot.com" data-count="vertical" data-via="WILBERDAVID"
martes, 27 de julio de 2010
¿Y AHORA DE QUÉ SE DISFRAZAN?
Por David Usborne y Julius Cavendish *
Desde Nueva York y Kabul
Mientras los gobiernos se esforzaban ayer por minimizar la importancia de la publicación en la red de más de 75.000 documentos clasificados sobre la guerra de la OTAN en Afganistán, el fundador del sitio web Wikileaks, Julian Assange, dijo que “sólo arañaban la superficie” y que faltaban revisar todavía más de 15.000. El mero hecho de una colección tan vasta de misivas, informes y memorandums secretos militares que se puedan ver por Internet provocó un escalofrío colectivo en las capitales occidentales. El sorprendente episodio evocó instantáneamente los Papeles del Pentágono, que se filtraron en 1971 y se convirtieron en un catalizador para la oposición pública al conflicto del sudeste asiático.
La Casa Blanca condenó la publicación del material diciendo que amenazaría las vidas de las tropas de Estados Unidos y otras tropas de la coalición. El Pentágono dijo que estaba estudiando los documentos afganos y que pasarían “días si no semanas” antes de que pudiera determinar la extensión del daño. En Londres, el Ministerio de Defensa afirmó que se estaba enfocando en informes de muertes civiles supuestamente involucrando a tropas británicas.
Las revelaciones de Wikileaks golpearon en un momento en que el apoyo público a la guerra está en un punto bajo a los dos lados del Atlántico. Especialmente problemáticos serán esos pasajes, indicando la posible complicidad entre los servicios de inteligencia de Pakistán y los combatientes talibán, y el texto que ofrece descripciones de matanzas colaterales de civiles que no habían sido informadas antes por las autoridades. Los documentos que se ven ahora abarcan el período entre enero de 2004 y diciembre de 2009.
Con respecto a las muertes de civiles, Assange sugirió que se pueden haber cometido crímenes de guerra. “Le toca a la Corte decidir si esto finalmente es un delito”, dijo en una conferencia de prensa en Londres. “Dicho esto, hay un caso prima facie, parece haber evidencia de crímenes de guerra en este material.”
Sin embargo, los asesores del presidente afgano Hamid Darzai sostuvieron que los documentos no tenían finalmente muchas sorpresas. “La reacción inicial del presidente fue: ‘Esto no es nada nuevo’” le dijo Waheed Omar, su vocero, a los reporteros en Kabul. “Por supuesto añadirá a la concientización en el mundo de estos dos temas (las muertes de civiles y el choque paquistaní). Pero no había nada sorprendente en esto.”
Como para enfatizar el punto sobre bajas civiles, la oficina de Karzai anunció que un ataque con cohetes el fin de semana había matado a 52 personas. De acuerdo con testigos, los insurgentes le dijeron a un número de habitantes en la provincia de Helmand que huyeran de sus hogares ante el inminente combate, sólo para que los helicópteros de ataque de la OTAN dispararan sobre ellos mientras trataban de ponerse a resguardo a varios kilómetros del camino. La OTAN djo que un equipo de investigación estaba en el lugar, pero que se hacía responsable por todos los disparos sin que nada sugiriera que hubiera habido civiles impactados.
Cuando se le preguntó sobre la posible complicidad entre la agencia de espías de Pakistán y los insurgentes afganos, Robert Gibbs, el vocero de la Casa Blanca, dijo que la administración de Estados Unidos siempre había sido cándida sobre los puntos débiles en el rol de Pakistán, pero agregó que se había progresado al persuadirlo a que eche a los talibán y a los combatientes de Al Qaida. Pero añadió: “Aunque progresen, creemos que el statu quo no es aceptable”.
Los documentos en Wikileaks incluyen un informe que el ISI, la agencia de inteligencia paquistaní, en 2007 proveyó a Jalaluddin Haqqani con mil motocicletas para llevar a cabo ataques suicidas en Afganistán. Los funcionarios paquistaníes reaccionaron con irritación a las filtraciones. El documento “no refleja las actuales realidades en el terreno”, insistió Husain Haqqani, el embajador paquistaní en Washington.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
Desde Nueva York y Kabul
Mientras los gobiernos se esforzaban ayer por minimizar la importancia de la publicación en la red de más de 75.000 documentos clasificados sobre la guerra de la OTAN en Afganistán, el fundador del sitio web Wikileaks, Julian Assange, dijo que “sólo arañaban la superficie” y que faltaban revisar todavía más de 15.000. El mero hecho de una colección tan vasta de misivas, informes y memorandums secretos militares que se puedan ver por Internet provocó un escalofrío colectivo en las capitales occidentales. El sorprendente episodio evocó instantáneamente los Papeles del Pentágono, que se filtraron en 1971 y se convirtieron en un catalizador para la oposición pública al conflicto del sudeste asiático.
La Casa Blanca condenó la publicación del material diciendo que amenazaría las vidas de las tropas de Estados Unidos y otras tropas de la coalición. El Pentágono dijo que estaba estudiando los documentos afganos y que pasarían “días si no semanas” antes de que pudiera determinar la extensión del daño. En Londres, el Ministerio de Defensa afirmó que se estaba enfocando en informes de muertes civiles supuestamente involucrando a tropas británicas.
Las revelaciones de Wikileaks golpearon en un momento en que el apoyo público a la guerra está en un punto bajo a los dos lados del Atlántico. Especialmente problemáticos serán esos pasajes, indicando la posible complicidad entre los servicios de inteligencia de Pakistán y los combatientes talibán, y el texto que ofrece descripciones de matanzas colaterales de civiles que no habían sido informadas antes por las autoridades. Los documentos que se ven ahora abarcan el período entre enero de 2004 y diciembre de 2009.
Con respecto a las muertes de civiles, Assange sugirió que se pueden haber cometido crímenes de guerra. “Le toca a la Corte decidir si esto finalmente es un delito”, dijo en una conferencia de prensa en Londres. “Dicho esto, hay un caso prima facie, parece haber evidencia de crímenes de guerra en este material.”
Sin embargo, los asesores del presidente afgano Hamid Darzai sostuvieron que los documentos no tenían finalmente muchas sorpresas. “La reacción inicial del presidente fue: ‘Esto no es nada nuevo’” le dijo Waheed Omar, su vocero, a los reporteros en Kabul. “Por supuesto añadirá a la concientización en el mundo de estos dos temas (las muertes de civiles y el choque paquistaní). Pero no había nada sorprendente en esto.”
Como para enfatizar el punto sobre bajas civiles, la oficina de Karzai anunció que un ataque con cohetes el fin de semana había matado a 52 personas. De acuerdo con testigos, los insurgentes le dijeron a un número de habitantes en la provincia de Helmand que huyeran de sus hogares ante el inminente combate, sólo para que los helicópteros de ataque de la OTAN dispararan sobre ellos mientras trataban de ponerse a resguardo a varios kilómetros del camino. La OTAN djo que un equipo de investigación estaba en el lugar, pero que se hacía responsable por todos los disparos sin que nada sugiriera que hubiera habido civiles impactados.
Cuando se le preguntó sobre la posible complicidad entre la agencia de espías de Pakistán y los insurgentes afganos, Robert Gibbs, el vocero de la Casa Blanca, dijo que la administración de Estados Unidos siempre había sido cándida sobre los puntos débiles en el rol de Pakistán, pero agregó que se había progresado al persuadirlo a que eche a los talibán y a los combatientes de Al Qaida. Pero añadió: “Aunque progresen, creemos que el statu quo no es aceptable”.
Los documentos en Wikileaks incluyen un informe que el ISI, la agencia de inteligencia paquistaní, en 2007 proveyó a Jalaluddin Haqqani con mil motocicletas para llevar a cabo ataques suicidas en Afganistán. Los funcionarios paquistaníes reaccionaron con irritación a las filtraciones. El documento “no refleja las actuales realidades en el terreno”, insistió Husain Haqqani, el embajador paquistaní en Washington.
* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère
BILL CLINTON, UNA BODA Y MUCHOS FUNERALES
De la ayuda internacional prometida a Haití tras el terremoto, apenas un dos por ciento ha sido entregada. Bill Clinton, delegado especial de Naciones Unidas para la nación caribeña, debería presionar más a los países donantes, para que alguna vez conviertan en realidad sus promesas.
Pero por lo pronto, el expresidente anda ocupado en asuntos más serios: su hija se casa, y Clinton deberá conseguir los 750 000 dólares que le costará el banquete, los 250 000 que pagará por las flores, y otros 15 000 para el vestido de la novia. Sumados todos los gastos (la cena de honor, maquillaje y peluquería, música, seguridad, etc.) la cifra total ronda los dos millones.
Con tamañas preocupaciones, ¿quién puede estar ocupándose de los haitianos?
(Tomado de la Jiribilla)
Pero por lo pronto, el expresidente anda ocupado en asuntos más serios: su hija se casa, y Clinton deberá conseguir los 750 000 dólares que le costará el banquete, los 250 000 que pagará por las flores, y otros 15 000 para el vestido de la novia. Sumados todos los gastos (la cena de honor, maquillaje y peluquería, música, seguridad, etc.) la cifra total ronda los dos millones.
Con tamañas preocupaciones, ¿quién puede estar ocupándose de los haitianos?
(Tomado de la Jiribilla)
URIBE: FUNCIÓN DE DESPEDIDA
Incondicional peón del imperio, Alvaro Uribe se despide de la presidencia de Colombia con una nueva provocación: la denuncia de la existencia de campamentos de las FARC en territorio venezolano. Ni lerdo ni perezoso, el Departamento de Estado salió a respaldar sin reservas la acusación formulada por Bogotá en la OEA, alentado por la supuesta “contundencia” de las pruebas presentadas por Uribe que denuncian al gobierno de Hugo Chávez por permitir la instalación de campamentos de la FARC y la realización de diversos programas de entrenamiento militar de unos 1500 efectivos de la guerrilla en territorio venezolano. El vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, declaró con singular insolencia que “Venezuela ha mostrado una conducta desafortunada e insolente” con su vecino y amenazó que si ese país “no coopera, Estados Unidos y los demás países obviamente lo tomarán en cuenta.” En la misma línea se manifestó el subsecretario adjunto para América latina, Arturo Valenzuela, declarando que la denuncia hecha por Uribe era “muy seria.” Ambas declaraciones hablan elocuentemente sobre el talante moral de ambos funcionarios.
Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.
Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.
Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo –vestidos inclusive con pijamas– al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.
Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.
Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.
Atilio Borón
*Politólogo
Fueron los administradores imperiales quienes le pidieron a Uribe una última “prueba de amor” pocos días antes de abandonar la presidencia. Como es de público conocimiento, el prontuario que la DEA, la CIA y el FBI han venido construyendo sobre Uribe por sus íntimas y prolongadas vinculaciones con los narcos no le permite desobedecer ninguna orden originada en Washington, so pena de correr la misma suerte que el ex presidente panameño Manuel A. Noriega y terminar sus días en una cárcel de máxima seguridad de los Estados Unidos.
Miente Uribe porque, en primer lugar, si las FARC controlan cerca del 30 por ciento del territorio nacional (como el propio gobierno colombiano lo ha reconocido más de una vez) no se entiende qué sentido puede tener distraer nada menos que 1500 hombres del teatro de operaciones en Colombia y organizar 85 campamentos guerrilleros en Venezuela. Es en la propia Colombia donde la crisis y putrefacción del Estado oligárquico permite que amplias franjas de su territorio, especialmente en las zonas selváticas, estén controladas por la guerrilla, los narcos y los paramilitares. Diversas autoridades ecuatorianas comentaron luego del ataque que las fuerzas colombianas realizaron en su territorio que Ecuador no limita al norte con Colombia sino con una tierra de nadie controlada por las organizaciones descriptas más arriba. Con una necedad sin límites Uribe acusa a sus vecinos de no hacer lo que él mismo ha dado sobradas muestras de ser incapaz de hacer: controlar su propio país. Cerrando los ojos ante esta realidad Estados Unidos se monta sobre esta falaz denuncia para, desde allí, acosar al gobierno bolivariano por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico, obviando el molesto hecho de que el mayor exportador mundial de cocaína –y, ahora, de narcotraficantes– es la Colombia militarizada por Uribe y devenida gracias a su invalorable colaboración en un protectorado norteamericano.
Ante semejante cuadro de descomposición política, denunciar que las FARC se instalan en Venezuela –¡y para colmo con el aval y la complicidad del gobierno de Hugo Chávez!– es una vulgar engañifa al servicio del imperio que carece por completo de entidad como para ser tomada mínimamente en serio.
En segundo lugar, ¿cómo olvidar que Uribe fue el hombre que mintió alevosamente cuando sus fuerzas, apoyadas por las de Estados Unidos, incursionaron en territorio ecuatoriano aduciendo que iban en persecución de una columna de las FARC. Las pruebas demostraron que los guerrilleros a los que supuestamente se perseguía luego de un enfrentamiento ocurrido en territorio colombiano estaban durmiendo –vestidos inclusive con pijamas– al momento de producirse el ataque y que, en consecuencia, lo que tuvo lugar en Santa Rosa de Sucumbíos no fue un combate sino lisa y llanamente una masacre indiscriminada.
Tercero, ¿cómo se le puede creer a un hombre que desde la presidencia convalidó la acción de los paramilitares y del terrorismo de Estado? El 16 de febrero de este año la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía colombiana publicó un informe en el que se revela que algo más de 4000 paramilitares de las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, aseguraron haber perpetrado 30.470 asesinatos en el período comprendido desde mediados de los ochenta hasta su “desmovilización” en 2003-2006. Agréguese a esto que tan sólo en el año 2009 los paracos y las “fuerzas de seguridad” asesinaron a 40 sindicalistas, convirtiendo a Colombia en el país más peligroso del mundo para ese tipo de actividad.
Cuarto, el denunciante es nada menos que el responsable intelectual y político de la masacre serial conocida con el nombre de “falsos positivos”. Durante los tres últimos años de gobierno de Uribe se comprobó que –ante el acoso del gobierno para que mostrara resultados concretos en la lucha contra la guerrilla– el ejército diseñó y ejecutó un plan criminal: recorrer las comunidades y aldeas más pobres del país ofreciendo trabajo a la enorme masa de desocupados y reclutando a un elevado número de indigentes, campesinos indefensos y jóvenes marginados, que luego eran asesinados a sangre fría y a sus cadáveres se los hacía pasar como pertenecientes a guerrilleros ejecutados en combate para cobrar la recompensa establecida por el gobierno u obtener estímulos o ascensos en su carrera militar. Según estimaciones muy conservadoras estos crímenes de Estado superan los mil casos.
Como ocurrió con todos los terrorismos de Estado que asolaron la región, los crímenes de lesa humanidad cometidos tenían también un trasfondo económico. En el caso de la Colombia de Uribe, entre las corruptas fuerzas armadas, los paramilitares y el narco se repartieron millones de hectáreas que en su desesperado éxodo dejaban tras de sí los campesinos desplazados por los bombardeos y masacres indiscriminadas a que estaban sometidos. La cifra de los campesinos desplazados ascendería a 4.500.000 y sus tierras –por lo menos unos seis millones de hectáreas– fueron luego transferidas, con gran provecho para los encargados de desalojarlos, a los terratenientes y el agronegocio, auspiciantes y cofinanciadores del paramilitarismo.
Este es el hombre que hoy levanta su dedo acusador en contra de la revolución bolivariana. Es evidente que lo suyo es una maniobra más, dictada por los estrategas del imperio, para acosar al gobierno de Hugo Chávez y para legitimar la violenta militarización de la política exterior norteamericana. Por eso Washington insiste en desplegar su impresionante dispositivo militar: allí están las siete bases en Colombia; en Aruba y Curazao, a pocos kilómetros del litoral marítimo venezolano; en El Salvador y en Honduras y, ahora, la autorización para introducir nada menos que 7000 marines y toda clase de armamento en la vecina Costa Rica. Por eso también la Cuarta Flota. El gobierno de Uribe cumple así un servicio de extraordinaria importancia tratando de crear las condiciones que justifiquen la intervención militar norteamericana en América del Sur y, en lo inmediato, mantener viva la tensión entre Colombia y Venezuela luego del recambio presidencial y perjudicar las chances electorales de Chávez.
Preocupado por su futuro y agobiado por el espectro de Noriega pudriéndose en una cárcel gringa, Uribe se esmera hasta el último día de su mandato para mostrar su total sumisión a los dictados de los imperialistas. Por eso es importante desenmascarar y denunciar al denunciante, y exigir la pronta intervención de la Unasur para desbaratar los planes de Washington en nuestra América. Este no es un tema para la OEA, que además no supo manejar la provocación uribista, sino para la Unasur, que será puesta a prueba con este incidente.
Atilio Borón
*Politólogo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)