Javier Ricou
La Vanguardia
La Generalitat defiende el protocolo de los centros terapéuticos para menores con patologías graves. Atar a adolescentes a sillas es aceptado por Infancia y la Fiscalía en casos violentos. La Generalitat tiene tutelados a 7.400 menores, casi el doble que hace cinco años.
Maria empezó a consumir drogas a los doce años y a los catorce era ya adicta a la heroína. Y para conseguir la droga, no dudó en robar o vender su cuerpo cuando aún era una niña. Laura tiene 14 años y hace dos que perdió a su madre, muerta por una sobredosis. Su vida dio un vuelco - drogas, relaciones sexuales sin control, malos tratos, delincuencia...-hasta que la Generalitat asumió su tutela y la sacó del infierno. Historias como las de estas dos adolescentes (los nombres son supuestos) se repiten en los centros de menores tutelados por la Administración. Ahí se trabaja al límite para reconducir esas vidas arruinadas en edad muy precoz. Una labor que ahora ha sido de nuevo cuestionada en un informe de Amnistía Internacional (AI), con acusaciones de abusos, violaciones, torturas y terapias irregulares.
Font Fregona, en Torrelles de Foix (Alt Penedès), es uno de los centros señalados por AI en esa denuncia de violaciones de los derechos humanos en menores. Esa comunidad socioterapéutica, que tiene reservadas cuarenta de sus setenta plazas para menores tutelados por la Generalitat, abrió ayer sus puertas a La Vanguardia,sin poner trabas al contacto con esos adolescentes necesitados de atención especial por trastornos de conducta, alteraciones mentales o patologías derivadas del consumo de drogas.
El día a día de Font Fregona -en Catalunya sólo hay otros dos centros de estas características preparados para atender a menores tutelados- nada tiene que ver con la vida de los centros de acogida. Y esas diferencias, indica Xavier Soley, responsable de la dirección general de Atenció a la Infància (Dgaia), "no se han tenido en cuenta en el informe de Amnistía Internacional". Soley lamenta que en ese documento -cuyo contenido niega, hasta el punto de estudiar posibles acciones legales contra la ONG- "se haya mezclado todo".
La Generalitat tiene bajo su tutela a alrededor de 7.400 menores de edad -casi el doble de los que había hace cinco años- y de esos, alrededor de 2.500 están internados en centros. El trabajo de los más de 3.000 educadores dedicados a la atención de menores -la mayoría desamparados por sus familias- nada tiene que ver con el tratamiento que la Dgaia precisa para los casos más complicados en el centenar de plazas reservadas en centros socio-terapéuticos, como el de Font Fregona.
Y es sólo al referirse a este tipo de instalaciones cuando se admite sin reparos el uso de medidas de contención ante conductas violentas. "Eso incluye atar a los menores a sillas adaptadas para ese cometido con el fin de evitar daños a terceras personas o autolesiones", reconoce Fina Moreno, fundadora de este centro de la comarca barcelonesa del Alt Penedès. Cuando se adopta esa medida siempre tiene que haber -tal como marca el protocolo del que son conocedores tanto la Generalitat como la Fiscalía de Menores- varias personas junto al menor.
Toda medida de contención, se asegura desde este centro y se corrobora desde la Administración catalana, debe de ser autorizada, queda anotada y es comunicada. Está prohibido aplicar este método como corrección educativa y tras una contención siempre se realiza un examen médico para garantizar que el menor no ha sufrido lesiones.
Xavier Soley y Fina Moreno coinciden al afirmar que en los últimos años se ha detectado un incremento de ingresos de menores aquejados por graves patologías mentales. Son los que llegan a los centros terapéuticos y el 99% de esos adolescentes tienen problemas con las drogas. Son tratamientos en los que se precisa suministrar fármacos, lo que tampoco nadie niega. El régimen que impera en centros como el de Font Fregona es duro.
La disciplina se considera una clave del éxito y, como dice Maria, "aquí o bien haces las cosas por las buenas o las acabas haciendo de todas maneras". Esta adolescente no esconde que al principio se sorprendió por algunos "castigos" como el de obligar a un menor a comer en plato de plástico -en vez del de cerámica- y de reducirle la ración de comida por mal comportamiento. "Esta medida sólo pretende que esa conducta incorrecta sea visible por el resto", afirma Martí Riera, fundador del centro. "Y al final lo acabas entendiendo", corrobora Maria, que se muestra agradecida por el nuevo rumbo de su vida.
7.400 tutelados sólo en Catalunya
Actualmente, hay en Catalunya alrededor de 7.400 menores de edad bajo tutela de la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència de la Generalitat. De ellos, únicamente unos 2.500 están en centros residenciales, mientras que el resto permanecen con sus padres, con familias extensas o en régimen de acogida.
Los centros de acogida para los niños que acaban de entrar en la tutela de la Generalitat y los centros terapéuticos a los que pueden derivarse una parte de esos menores suelen concentrar los problemas de saturación y supuestos excesos que Amnistía Internacional ha denunciado, como antes hicieron también el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges.
15 Huidos
El informe de la ONG Amnistía Internacional asegura que el centro de acogida Els Castanyers tiene dos celdas de castigo y que sólo el año pasado se escaparon quince menores.
Fuente: http://www.lavanguardia.es/ciudadanos/noticias/20091217/53846696358/un-centro-de-menores-por-dentro-generalitat-amnistia-internacional-alt-penedes-maria-ai-la-vanguardi.html
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