 |
| El programa, en lugar de perseguir a vendedores ambulantes o a víctimas de violencia doméstica, debería enfocar sus esfuerzos en identificar a los criminales que cometen violación, asesinatos u otros delitos violentos, incluso a terroristas como es el caso de Posada Carriles. |
En un editorial, el rotativo señaló que esta iniciativa se encuentra sumida en una controversia al conocerse que el gobierno investiga si se ha cumplido con su objetivo.
Anotó que este programa, en lugar de perseguir a vendedores ambulantes o a víctimas de violencia doméstica, debe enfocar sus esfuerzos en identificar a los criminales que cometen violación, asesinatos u otros delitos violentos.
Resaltó que la iniciativa, una vez anunciada como una asociación voluntaria entre el Departamento de Seguridad Nacional y las localidades, ahora está sumida en la controversia.
Cuando los funcionarios federales anunciaron el plan de Comunidades Seguras en 2008 fue presentado como una herramienta poderosa en la batalla para identificar y deportar a los inmigrantes ilegales que habían sido condenados por delitos violentos.
Docenas de estados, incluyendo California, se sumaron a la medida que permitía que policías locales revisaran las huellas dactilares de todos los detenidos para verificar las bases de datos federales de condenas penales y órdenes de deportación.
Desde su lanzamiento, más de la mitad de los deportados en Comunidades Seguras carecían de antecedentes criminales o sus delitos fueron menores.
De acuerdo con el Departamento de Estadísticas de Seguridad, en el condado de Los Angeles casi la mitad de los 11 mil 774 deportados bajo el programa desde agosto de 2009 hasta enero pasado no tenían condenas o habían cometido delitos menores.
Estos fueron objeto de deportación porque el programa no hace distinción entre los criminales y los que entraron ilegalmente en Estados Unidos o su visa quedó vencida.
En ciudades con grandes comunidades de inmigrantes, la policía teme que este programa incida negativamente en la voluntad de los inmigrantes para reportar crímenes o proporcionar información útil.
El diario citó el caso de Isaura García, una inmigrante que vive en Los Angeles, quien llamó al 911 en febrero anterior para denunciar una supuesta paliza de su pareja sentimental.
En los casos de violencia doméstica la policía acostumbra tomar las huellas dactilares de ambas partes y las de la mujer fueron presentadas a Migración y a pesar de no tener antecedentes criminales se ordenó su deportación.
Otro caso citado el mes pasado se refiere a una vendedora ambulante sin antecedentes penales que fue detenida en el centro de Los Angeles después de que corrió cuando la policía se le acercó.
La mujer permanece detenida, aunque no se le presentaron cargos, está en espera de deportación por estar en el país de forma ilegal.
Un proyecto de ley patrocinado por el asambleísta Tom Ammiano, demócrata de San Francisco, propone que sólo las huellas dactilares de los criminales condenados sean las que se presenten a las autoridades de inmigración.
También permitiría que cualquier condado pueda aceptar o rechazar el programa.
El proyecto de ley, con alcances modestos pero sensatos, se encuentra ahora ante la Asamblea de California, puntualizó el Times.
Tomado.de Cambios en Cuba
No hay comentarios:
Publicar un comentario