Carlos A. García-Pérez, el directivo de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) que la Administración Obama seleccionó como Jefe de Radio y TV Martí, participó en el 2002 en una operación de envío de material de comunicación secreta a unos “disidentes” cubanos, utilizando para este propósito el territorio de Puerto Rico y “otras áreas en América Latina”.
Radio y TV Martí son emisoras del gobierno de los Estados Unidos destinadas a propiciar un cambio político en Cuba y tienen nula audiencia en la Isla. Sin embargo, EEUU las mantiene en el éter violando disposiciones internacionales y, por supuesto, la legislación cubana.
Según la prensa de Miami que reporta el nombramiento anticipado, citando a “fuentes familiarizadas con el proceso”, García-Pérez tiene que ser confirmado por la Junta Administrativa de Radiodifusión (BBG), que supervisa las emisoras de desestabilización e injerencia del gobierno estadounidense - entre ellas las de Radio y TV Martí, la Voz de América, Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia y las Redes de Transmisiones al Medio Oriente-, una telaraña estrechamente vinculada a las agencias de inteligencia.
Carlos García-Pérez es un abogado cubanoamericano radicado en Puerto Rico y afiliado al gabinete Goldman Antonetti & Córdova, PSC (GAC), radicado en el American International Plaza Building, de Hato Rey, el distrito de negocios de San Juan.
Nacido en Estados Unidos, hijo de inmigrantes cubanos adinerados, estudio sucesivamente en la Universidad Duquesne, de Pittsburgh, Pennsylvania, y en la Escuela de Derecho de la Universidad Hofstra, de Nueva York, especializándose en economía y relaciones internacionales. Está inscrito al Colegio de Abogados de Puerto Rico desde 1990.
Según archivos de la prensa puertorriqueña, fue un miembro activo de un proyecto de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), una dependencia de la CIA, para utilizar a Puerto Rico y “otras areas en América Latina” sin especificar cuál fue la “ayuda directa” a los llamados disidentes en Cuba.
El proyecto de la FNCA, según datos publicados, disponía de un presupuesto de “aproximadamente 1 millón de dólares” y consistía en mandar a la Isla computadoras, sofisticados equipos de comunicación, y dinero en efectivo “a través de una red secreta”.
Según una declaración hecha entonces al periodista Matthew Hay Brown, del diario Hartford Courant, de Connecticut, por Joe García, entonces Director ejecutivo de la FNCA, la organización de Miami ya había reclutado a “disidentes de Cuba para reuniones y sesiones de capacitación en terceros países”.
Esta practica es típica de las promovidas por la USAID, la agencia norteamericana de desestabilización internacional, para sus operaciones.
Por su parte, García-Pérez declaró al representante del Courant que era “critico” en aquel momento “de alentar este movimiento”.
El abogado de San Juan no precisó su papel exacto en la operación que violó descaradamente la soberanía puertorriqueña, como tantas actividades desplegadas por las agencias federales norteamericanas en esta nación.
La FNCA fue fundada en 1980 por millonarios cubanoamericanos, encabezados por el agente CIA Jorge Más Canosa con el apoyo de la administración Reagan en 1980. Ha financiado actividades criminales en varias oportunidades a través de su comité paramilitar que, entre otras cosas, propició, financió y orientó la campaña de terror desencadenada en Cuba, en 1997, por Luis Posada Carriles y una tropa de mercenarios reclutados en América Central, que causó la muerte del joven italo-canadiense Fabio Di Celmo.
Puerto Rico fue el teatro de otro de los complots de la FNCA inspirados por el terrorista más conocido del continente: el caso del yate La Esperanza interceptado ahí en 1997 cuando se dirigía hacia la isla venezolana de Margarita para intentar asesinar al presidente cubano Fidel Castro. El dueño de la embarcación era Antonio “Toñín” Llama Muñoz, directivo de la FNCA, mientras Francisco “Pepe” Hernandez, el presidente de la “Fundación”, era dueño de uno de los rifles calibre 50 encontrados a bordo.
Prácticamente sin audiencia en Cuba, las emisoras Radio y TV Martí tienen unos 170 empleados y un presupuesto anual de unos 35 millones de dólares. Ambas organizaciones han desaparecido un total de 500.000 millones de dólares del contribuyente en las últimas décadas. Su actual director, Pedro Roig, con un pasado manchado por su trabajo con la CIA y su afiliación a organizaciones que promueven el terror, acaba de renunciar por toda una serie de escándalos de corrupción.
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