CUBA Y EL NÚMERO DE ¨¨PRESOS POLÍTICOS¨¨

Por Salim Lamrani


La cuestión del número de «presos políticos» en Cuba está sometida a polémica. Para el gobierno cubano no hay presos políticos en Cuba, sino personas condenadas por delitos inscritos en el código penal, particularmente el hecho de recibir financiación de una potencia extranjera. En su informe 2010, Amnistía Internacional (AI) habla de «55 presos de opinión»1, de los cuales 20 fueron liberados en julio de 2010, otros 6 el 15 de agosto de 2010, luego de la mediación de la Iglesia Católica y de España, y otros dos antes.2 Entonces, según AI, quedan actualmente 27 «presos políticos» en Cuba. Finalmente la oposición cubana y más precisamente Elizardo Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos y por la Reconciliación Nacional (CDHRN), señalan la cifra de 147 presos políticos, menos los 6 recientemente liberados, o sea 141.3 Los medios occidentales privilegian esta última lista.

Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.

Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba».4 La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba».5 El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana».6 Entre las medidas previstas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna.7 El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba».8

La representación diplomática estadounidense en La Habana, la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) lo confirma en un comunicado: «La política estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las organizaciones privadas».9

Laura Pollán, del grupo disidente «las Damas de Blanco» admite recibir dinero de Estados Unidos10: «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la ultraderecha hasta la izquierda, sin condiciones».11 El opositor Vladimiro Roca confiesa que la disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la ayuda financiera recibida es «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez, el apoyo económico por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que tengamos que avergonzarnos». 12 Del mismo modo, el opositor Elizardo Sánchez confirma la existencia de una financiación por parte de Estados Unidos: «La clave no está en quién envía la ayuda, sino en qué se hace con la ayuda».13

La prensa occidental admite esta realidad. Agence France-Presse informa de que «los disidentes, por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas».14 La agencia española EFE , alude a los «opositores pagados por Estados Unidos».15 En cuanto a la agencia de prensa británica Reuters, «el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo financiero federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal».16 La agencia de prensa estadounidense The Associated Press afirma que la política de fabricar y financiar a una oposición interna no es nueva: «Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos gasta millones de dólares para apoyar a la oposición cubana».17 Precisa: «Una parte del financiamiento proviene directamente del gobierno de Estados Unidos, cuyas leyes promueven el derrocamiento del gobierno cubano. La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que supervisa el apoyo financiero del gobierno para una ‘transición democrática’ en Cuba, ha dedicado más de 33 millones de dólares para la sociedad civil para el presente año fiscal».18

Wayne S. Smith es un ex diplomático que fue jefe de la SINA en La Habana de 1979 a 1982. Según él, es completamente «ilegal e imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos».19 Agregó que «nadie debería dar dinero a los disidentes y menos todavía con el objetivo de derrocar al gobierno cubano» pues «cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno».20

Recordemos ahora la posición de Amnistía Internacional. La organización habla de 27 «presos políticos» en Cuba en fecha del 15 de agosto de 2010. Ahora bien, reconoce al mismo tiempo que estas persones fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba».21 Así, la organización entra en contradicción pues el derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que establece como delitos tales conductas. La legislación estadounidense y las europeas, entre otras, sancionan fuertemente el hecho de ser estipendiado por una potencia extranjera.

La lista elaborada por Elizardo Sánchez es más larga e incluye a todo tipo de individuos. Entre los 141 nombres, otros 10 fueron liberados por razones de salud, lo que hace un total de 131 personas. Respecto a esas diez personas, Sánchez explica que los mantiene en su lista porque pueden ser encarceladas en el futuro. Otros cuatro individuos cumplieron su pena y salieron de prisión. Entonces quedan 127 individuos. Otras 27 personas deben ser liberadas antes del mes de octubre, según el acuerdo firmado entre La Habana, España y la Iglesia Católica.

De los 100 individuos que quedan, cerca de la mitad fueron condenados por crímenes violentos. Algunos realizaron incursiones armadas en Cuba y al menos dos de ellos ,Humberto Eladio Real Suárez y Ernesto Cruz León, son responsables de la muerte de varios civiles en 1994 y 1997 respectivamente.22

Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, subrayó esas contradicciones: «Curiosamente, los críticos nuestros hablan de una lista (...) ¿Por qué no dicen que están pidiendo la libertad del que asesinó a Fabio di Celmo?».23

Associated Press (AP) también enfatizó el carácter dudoso de la lista de Sánchez y señala que «varios de ellos no deberían normalmente ser considerados como presos políticos». «Un estudio más minucioso permite ver la presencia de terroristas, secuestradores y agentes extranjeros». AP señala que entre las 100 personas, «cerca de la mitad fueron condenadas por terrorismo, secuestros y otros crímenes violentos, y cuatro de ellos son antiguos militares o agentes de los servicios de inteligencia condenados por espionaje o por revelar secretos de Estado».24

Por su parte, Amnistía Internacional afirma que no puede considerar a los miembros de la lista de Sánchez como «presos de conciencia» pues incluye «a gente juzgada por terrorismo, espionaje así como a quienes intentaron e incluso lograron hacer estallar hoteles», indica la organización. «Por supuesto no pediremos su liberación y no los calificaremos de presos de conciencia».25

Miguel Moratinos, el Ministro de Asuntos Exteriores español, que desempeño un papel clave en el acuerdo sobre la liberación de 52 presos, también ha puesto en tela de juicio la lista de Sánchez y ha subrayado su carácter aleatorio: «No digan que hay que liberar a 300, porque no hay 300. La propia lista de la Comisión de derechos humanos de Cuba, una semana antes de ir yo, decía que había 202; cuando llegué yo a Cuba, el día antes dijo que había 167».26

Después de la liberación de las otras 27 personas incluidas en el acuerdo de junio de 2010, sólo quedara un «preso político» en Cuba, Rolando Jiménez Pozada, según Amnistía Internacional. Associated Press apunta por su parte que en realidad éste está «encarcelado por desobediencia y por revelar secretos de Estado».27

Curiosamente, la lista elaborada por Sánchez, que es la menos fiable y que es denunciada por todas partes en razón de la inclusión de individuos condenados por graves actos de terrorismo, es privilegiada por la prensa occidental.

El gobierno cubano ha hecho un gesto notable al proceder a la liberación de los presos considerados como «políticos» por Estados Unidos y algunas organizaciones como Amnistía Internacional. El principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana –desde el punto de vista del gobierno de Obama– ya no existe. Por lo tanto corresponde a la Casa Blanca hacer un gesto de reciprocidad y poner fin a las sanciones económicas anacrónicas e ineficaces contra el pueblo cubano.

› Tomado de Rebelión

Publicado por M. H. Lagarde en