Desde que surgieron las primeras guerras organizadas entre los primitivos grupos humanos hasta los actuales ejércitos permanentes, los contendientes han suplementado sus fuerzas militares con mercenarios.
Originalmente, los mercenarios eran soldados profesionales que vendían sus servicios para combatir por cualquier Estado o nación sin que mediara en ello algún sentimiento patriótico o convicción política. Hoy, la forma más repudiada de mercenarismo, sancionada por las leyes de cualquier país, es la de servir a un gobierno extranjero contra la patria propia, a cambio de un pago u otra forma de retribución material.
La captación de mercenarios dentro de las filas enemigas para fines de espionaje, subversión y desestabilización del adversario ha sido siempre característica de los enfrentamientos asimétricos en el plano de los recursos económicos de las partes en pugna.
Aunque la utilización de mercenarios por parte de las grandes potencias europeas tiene larga historia, es Estados Unidos el país que más ha sistematizado la práctica hasta hacerla cotidiana. La cifra de mercenarios que emplea Washington en el planeta es prácticamente incalculable. Sus fuerzas militares se apoyan, crecientemente, en el uso de extranjeros de países pobres del tercer mundo, reclutados mediante oferta de facilidades migratorias para ingresar y trabajar en la opulenta nación norteamericana si se logra sobrevivir la guerra de agresión que se esté librando, aunque no sea la guerra el único fin del reclutamiento.
En América Latina, Estados Unidos se vale ampliamente del mercenarismo para procurar sus fines hegemónicos, circunstancia que ha llegado a ser aceptada como algo lógico y hasta permisible, por el elevado nivel de corrupción que la superpotencia ha logrado introducir en la política de los países del área imponiendo los patrones de una “democracia representativa” a su imagen y semejanza.
En sus relaciones con Cuba, al triunfo de la revolución en la isla, Estados Unidos pudo reclutar cientos de mercenarios entre los prófugos de la justicia que, durante la sanguinaria tiranía de Batista, habían tenido vínculos con Washington o sus agencias y empresas transnacionales radicadas en la semi colonia.
Algún tiempo después, le fue fácil captar a muchos servidores entre los afectados por las medidas revolucionarias de recuperación de valores malversados, de reforma agraria, de reforma urbana y otras para la justicia social que entonces se promulgaban.
En tales canteras principales fueron reclutados los mercenarios invasores derrotados en la Bahia de Cochinos en abril de 1961.
Después, por muchos años, Washington ha mantenido la práctica de reclutar mercenarios en Cuba para ejecutar acciones terroristas, sabotajes y propaganda contrarrevolucionaria por conducto de sus agencias de inteligencia y subversión, como complemento de las que ejecutan con fuerzas propias y mercenarios reclutados en territorio estadounidense o en terceros países.
Cuando, finalizada la guerra fría, todos suponían que se atenuaría el enfrentamiento entre ambos costas del Estrecho de la Florida porque había cesado el pretexto para “sancionar a Cuba por su alianza con la URSS”, Estados Unidos decidió, por el contrario, infensificar su ofensiva apostando a que la isla no podría resistir en las condiciones de un aislamiento que, en lo adelante, sería absoluto.
La superpotencia se proclamó nada menos que juez vigilante del respeto por los derechos humanos en la isla, un tema en el que Cuba es paradigma a nivel mundial y Norteamérica sistemático transgresor.
La Casa Blanca dejó de disimular su apoyo a los grupos terroristas cubanos de Miami y comenzó a manejar abiertamente el tema de los dineros públicos que, con aprobación congresional, dedica a promover una “transición a la democracia en Cuba”.
Aunque la mayor parte del dinero siguió yendo a parar a manos de corruptos dirigentes de organizaciones contrarrevolucionarias de Miami que se enriquecieron prometiendo año tras año la pronta derrota de la revolución, algún dinero llegaba a sus mercenarios en Cuba por conducto de supuestas organizaciones no gubernamentales (fachadas de la CIA), o directamente, por medio de la Oficina de Intereses que atiende los cuestiones oficiales de EEUU en La Habana.
Parte de ellos desempeñan sus funciones clandestinamente, pero otros lo hacen representando públicamente (hacia el exterior) papeles de dirigentes políticos, periodistas, activistas humanitarios, bibliotecarios y otros perfiles, en función de ruidosas campañas de difamación contra su patria. Estos últimos generalmente avergüenzan a sus familiares y vecinos que conocen de su actitud mercenaria.
(En 2003, el gobierno cubano entregó a la justicia a casi un centenar de estos mercenarios cuya culpabilidad, en la mayoría de los casos, pudo ser evidenciada ante los tribunales. La severa sanción impuesta por los tribunales cubanos nutrió la campaña difamatoria contra la isla tan intensamente que, a más de un lustro, quedan quienes siguen creyendo el cuento de “los 75 disidentes encarcelados por Castro injustamente”, y algunos medios lo recuerdan cual si hubiera sido en verdad una ilegalidad la condena judicial).
Tomado de Barrigaverde
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