MEMORANDO PARA ANULAR SENTENCIA DE ANTONIO GUERRERO

Leonard Weinglass trabajó  en todo el proceso de apelación colateral de los Cinco, específicamente en la preparación de la moción 2255 de su defendido, Antonio Guerrero, y en el asesoramiento legal de la declaración jurada presentada por Gerardo Hernández

Incluimos un resumen del Memorando y la declaración jurada de Gerardo
El 3 de marzo de 2011 fue radicado ante la Corte del Distrito Sur de la Florida un MEMORANDO EN APOYO A LA MOCION PARA ANULAR, HACER A UN LADO O CORREGIR EL FALLO Y LA SENTENCIA BAJO LA 28 U.S.C. § 2255 a nombre de Antonio Guerrero.
Fragmentos del memorando:
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“La “teoría del sistema [norteamericano]“ de justicia es que la condena criminal “estará inducida solamente por la evidencia y los argumentos en la corte, y no por alguna influencia externa.”
La noción misma de un juicio justo asume que las condenas van a basarse solamente en sus procedimientos; las protecciones concedidas a un acusado en el juicio no tienen sentido si él tiene también que enfrentar al gobierno fuera de la sala del tribunal sin esas protecciones.”
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[Este memorando] “ha alegado una violación distintiva, fundamental de las premisas de un juicio justo donde:
(A) el gobierno de forma secreta pagó a periodistas con mucha influencia en la sede del juicio - de hecho, la selección de los periodistas se basó en su probada efectividad en comunicar el mensaje deseado - para transmitir, disfrazado de periodismo objetivo, un mensaje apoyando los componentes de los argumentos del gobierno en el juicio;
(B) los medios de Prensa financiados por el gobierno inculparon a los acusados, pretendiendo, entre otras cosas, vincular a los acusados con una infinidad de conspiraciones cubanas - ficticias o no - y realzando y/o tergiversando la pretendida evidencia contra los acusados;
(C) el gobierno financió la publicación por parte de los medios de prensa de evidencia perjudicial que la corte de distrito falló como inadmisible y se refirió a temas relacionados con la selección del jurado, incluyendo la omisión estratégica de las causas de recusación a algunos jurados;
(D) la campaña de propaganda del gobierno fue tanto perjudicial como incendiaria;
(E) la mala conducta del gobierno minó la estructura fundamental del juicio del demandante y las condenas del demandante por lo tanto deben ser anuladas; y
(F) la mala conducta del gobierno creó una probabilidad inconstitucional de que el demandante se viera privado de un juicio  justo.”
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“Incluso la evidencia que fue excluida del juicio llegó a la comunidad a través de la prensa. Por ejemplo, en un artículo aparecido durante el juicio bajo el título “Espías Cubanos”, una estación de noticias transmitió un video de Hermanos al Rescate que los acusados habían logrado exitosamente excluir en el juicio el día anterior.  Videotape: Noticias 23 (WLTV-23 Local News Enero31; Feb. 1, 2001).”
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“La Oficina de Transmisiones Cuba es la responsable de dirigir las operaciones de Radio y TV Martí, las cuales transmiten programación anticastrista hacia Cuba y parte de Estados Unidos, incluyendo el Sur de la Florida. Durante el juicio de los acusados el gobierno de Estados Unidos le estuvo entregando $37 millones de dólares cada año a  Radio/TV Martí, a la cabeza de numerosos otros esfuerzos anticastristas. ”
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“A pesar de los firmes esfuerzos por parte de los acusados, aún hay mucho que se desconoce acerca de la total extensión del programa del gobierno para los medios de prensa.  Pero la información que hasta ahora ha salido a la luz muestra que los acusados se enfrentaron a un juego amañado por el gobierno.”
[Algunos ejemplos:]

• Ariel Remos del Diario las Americas recibió alrededor de USD$25,000 del gobierno de Estados Unidos.
• Wilfredo Cancio Isla, un reportero del Miami Herald para El Nuevo Herald, recibió aproximadamente USD$22,000 para promover el mensaje del gobierno. También reveló públicamente información acerca del juicio de la cual el jurado no tenía conocimiento.
• Helen Ferre, editor de la página de opinión del Diario las Americas, recibió al menos USD$5,800 del gobierno de Estados Unidos.
• Enrique Encinosa, un popular conductor de Radio Mambí, [fue el orador principal en el acto por el 35 aniversario de la organización terrorista Alpha 66 con el que se inauguró un nuevo campamento militar de entrenamiento en 1996] recibió más de USD$10,000 del gobierno desde el comienzo del juicio.
• Carlos Alberto Montaner, famoso escritor y periodista exiliado cubano con una columna semanal en The Miami Herald, recibió más de USD$40,000 desde el comienzo del juicio.

“Dada la incapacidad del gobierno para revelar esta información de forma abierta - a pesar de que hacerlo es su obligación - los acusados no tienen forma de saber dónde termina esta lista. En caso de que estos pocos ejemplos dejen alguna duda acerca del impacto de tal cobertura mediática, el gobierno mismo describió lo que estaba en realidad en juego cuando solicitó que se impusiera un auto de reserva [orden judicial que pone límites a la información que se puede dar sobre un proceso judicial] para los testigos que estaban involucrados en el juicio.”
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“Una vez salió a la luz que el gobierno le había estado pagando a importantes periodistas de Miami para que participaran en la cobertura anticubana, [la organización Partnership for Civil Justice y] el Comité Nacional por la Libertad de los Cinco Cubanos emprendió un impresionante, aunque en última instancia frustrado, esfuerzo por utilizar la Ley de Libertad de Información (FOIA) [The Freedom of Information Act] a favor de los acusados.
El proceso de solicitud basado en FOIA ha sido arduo, improductivo e infinito. Hasta la fecha, la Broadcasting Board of Governors [agencia federal del gobierno de los EE. UU. encargada de supervisar todas las transmisiones de radio y televisión] se ha negado o ha ignorado la mayoría de los componentes de las solicitudes hechas a favor de los Cinco Cubanos el 23 de enero de 2009.”
[Otro argumento de este memorando se basa en] “la retención por parte del gobierno de evidencia material con el pretexto de la seguridad nacional y la utilización de la Ley de Procedimientos para la Información Clasificada CIPA [The Classified Information Procedures Act] para distorsionar la totalidad de las evidencias presentadas. Debido a que el gobierno fue capaz de excluir a la defensa de determinadas etapas del proceso de CIPA, y que la Corte fue emplazada a la posición de confiar en la buena fe del gobierno, los acusados se vieron privados del derecho constitucional de presentar una defensa en la que ellos tuvieran la oportunidad de identificar y buscar introducir materiales clasificados que fueran favorables a la defensa en el juicio y en el proceso de sentencia.”