Hay una larga tradición en el actual Estado Español de malos tratos, torturas, secuestros y asesinatos, en síntesis de guerra sucia.
Por Iniciativa Internacionalista
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Hay una larga tradición en el actual Estado Español, por no remitirnos al del que procede lo principal de sus instituciones represivas, el Franquismo, de malos tratos, torturas, secuestros y asesinatos, en síntesis de guerra sucia, de actividades criminales y contra los más elementales derechos humanos.
Esas son unas prácticas habituales que adquieren unos perfiles más bestiales cuando son utilizados contra los movimientos sociales y políticos que cuestionan el actual estado de cosas.
En el caso de la represión contra el movimiento popular vasco, la llamada guerra sucia alcanza cotas absolutamente antagónicas con lo que gente normal entiende por un estado democrático y de derecho, dibujando lo que el régimen actual realmente es: un sistema post-franquista que mantiene elementos fundamentales de aquel que procede, sin que haya habido la menor depuración de sus elementos, métodos y entramados institucionales orientados a la represión política y social.
A lo largo de estos mas de treinta años de monarquía post-franquista hemos asistido a miles de casos de malos tratos y arbitrariedades policiales, a centenares de torturados/as y asesinados/as y a un buen numero de desaparecidos/as, especialmente en relación con la lucha del Pueblo Vasco, pero también en el resto de pueblos bajo jurisdicción del estado.
Allí donde hay movimiento popular, allí aparecen antes o después prácticas policiales y judiciales ilegales y en bastantes ocasiones criminales.
Batallón vasco-español, GAL u otras diversas siglas, o de forma anónima, desde determinados sectores de las fuerzas de seguridad del estado, con la complicidad de las principales fuerzas políticas y medios de comunicación, se vienen manteniendo desde el mismo inicio de la transición una estrategia de guerra sucia contra el movimiento popular vasco, que tiene como último capítulo, hasta ahora, el caso de Jon Anza.
El Sr. Rubalcaba, que ya fue ministro de los GAL, tiene ahora la responsabilidad política principal sobre este caso, a estas alturas bastante evidente, de secuestro, tortura, asesinato y ocultación de cadáver de una persona vinculada al movimiento popular vasco.Qué artimañas, qué fuga hacia delante estará tramando para no enfrentarse con la verdad de los hechos.
Queremos expresar nuestro profundo rechazo a este nuevo episodio de guerra sucia, así como nuestro compromiso de solidaridad en la lucha por la consecución de un autentico sistema de libertades y garantías democráticas, que desde luego hoy no tenemos en ninguno de los Pueblos bajo la jurisdicción del Estado español.
Editado desde la ciudad de Bayamo, Cuba, por el periodista David Rodríguez Rodríguez.
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domingo, 21 de marzo de 2010
EL DILEMA ÉTICO DE LA HUELGA DE HAMBRE
Análisis de la posición de medios "progresistas" españoles ante las huelgas de hambre en Cuba, y también ante otras huelgas de hambre más cercanas
Por Francisco García Cediel
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La reciente muerte tras una huelga de Hambre del preso cubano Orlando Zapata ha generado una virulenta ofensiva mediática y política contra la isla que, como no se escapa a nadie, está directamente relacionado con el sistema socioeconómico vigente en ese país.
En la vorágine de descalificaciones, las escasas aunque heroicas voces que se han apartado de la línea monocorde, como Willy Toledo, han sido sometidas a un feroz linchamiento mediático, poniendo una vez más de manifiesto el concepto de libertad de expresión que tienen estos “campeones” de la democracia.
Pero, descontando por evidentes y previsibles las opiniones de los voceros del franquismo periodístico, amplia mayoría en el pobre panorama de la prensa oral y escrita de este país, hemos de detenernos en las criticas vertidas por los periódicos supuestamente progresistas; “Avergonzado de definirse de izquierdas” (sic) se declaró un columnista del diario Público, tras argumentar, si bien con mayor prudencia en los epítetos, en la misma línea de fondo que sus colegas de ABC y La Razón. El autodefinido zurdo no se ha dignado escribir una sola línea sobre, por ejemplo (y para no disparar las alarmas aludiendo a la huelga de hambre de Iñaki de Juana), el preso catalán Amadeu Casellas, que llegó a coserse los labios para protestar frente a la ilegal prolongación de su encarcelamiento. Claro que no es lo mismo criticar a Cuba en la lejanía no solo geográfica, que cuestionar las cosas de aquí y arriesgarse al ostracismo cuando no a desfilar por la Audiencia Nacional.
Más sutiles son las criticas vertidas por otras voces que han apuntado en suma que no basta para analizar, y en su caso justificar, acontecimientos luctuosos como el que nos ocupa, el recurso a poner de manifiesto comparativamente la situación carcelaria en Estados Unidos, con sus repletas galerías de condenados a muerte, incluyendo el disidente político y periodista Mumia Abu Jamal, el centro de detención de Guantánamo, la gran cantidad de niños e incapaces presos, la estadística de suicidios y muertos por falta de cuidados, etc., o la situación que, sin ir más lejos, se produce en el Estado Español, que ostenta en población carcelaria en relación al número de habitantes el record europeo, y que también tiene unas cifras olímpicas de presos políticos, enfermos incurables entre rejas y suicidios, por no hablar de las torturas…
El argumento esgrimido por estos columnistas es que al socialismo se le supone una superioridad ética, por lo cual no basta que sucesos desgraciados como el fallecimiento de Orlando Zapata se produzcan en Cuba en mucha menor medida que en los estados capitalistas.
Puesto que de ello se trata, hemos de analizar históricamente el fenómeno de la huelga de hambre y los problemas éticos que se han suscitado al respecto.
En el ámbito carcelario hemos de recordar la huelga de hambre emprendida por los presos irlandeses en los años 80 del pasado siglo, reivindicando el status de presos políticos, que tuvo como consecuencia la muerte de 10 de ellos, el más conocido es Bobby Sands, ante la inflexible actitud de la Primer Ministra británica Margaret Thatcher. En el Estado Español, y frente a la política de dispersión, recurrieron a dicha medida los presos vinculados a los GRAPO, lo que suscitó un debate sobre el recurso a la alimentación forzosa, medida con la que amenazó públicamente el a la sazón Ministro de Justicia, Fernández Ordóñez.
La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, celebrada en 1975, estableció expresamente al respecto: El preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehuse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria. Tal opinión del médico sobre la capacidad del preso para sopesar su decisión deberá ser corroborada por, al menos, otro médico independiente. Las consecuencias de negarse a tomar alimentos serán explicadas por el médico al preso. En fin, la decisión no era distinta que en cualquier otro caso en el que un enfermo no quiere seguir los consejos de su médico, estando éste obligado a respetar la decisión de aquel.
Pero el gobierno decidió imponer sus intereses políticos por encima de todo y de todos, no vacilando en el momento de emplear la violencia más brutal, tanto contra los presos en huelga como contra quienes se negaban a la alimentación forzada. Los presos del Hospital Penitenciario fueron atados a la cama y alimentados a la fuerza con suero por vía intravenosa.
Dicha huelga se saldó con la muerte de Crespo Galende y más tarde la de Sevillano, arrastrando aún ahora los supervivientes graves secuelas físicas derivadas de la violencia ejercida al alimentarlos contra su voluntad.
Imaginemos por un momento que el Gobierno cubano hubiera recurrido a la alimentación forzosa en el caso de Orlando Zapata; con toda seguridad, la opinión publicada le hubiera acusado de la práctica de torturas.
El dilema se complica extraordinariamente ante el comienzo de una huelga de hambre por el cubano Guillermo Fariñas. Esta vez se trata de una persona en libertad, que por tanto no está bajo la custodia del Estado ¿Qué intervención según estos analistas deberían efectuar las autoridades cubanas? Para contestar a esta pregunta, la integrante del Consejo Editorial de Público Carmen Magallón titula “Salvemos al cubano Fariñas” el texto publicado el 17 de marzo de 2010, resumiendo la posición del periódico al respecto, y aludiendo a “la grandeza de negociar” en nombre del valor de la vida.
Claro que el medio pasa de puntillas sobre la valoración de las reivindicaciones del huelguista, tal vez para no perder lectores, dando la sensación de que tal deber es absoluto, con independencia de la opinión que cada cual tenga respecto a lo pedido, lo cual nos lleva a una situación absurda. Imaginemos por un momento que el padre de Marta del Castillo (adolescente presuntamente asesinada en Sevilla por su expareja) se pusiera en huelga de hambre exigiendo la pena de muerte o la cadena perpetua para los condenados por determinados delitos.
¿Se pediría igualmente por Público al Gobierno Español que negociara para preservar la vida del atribulado progenitor o se consideraría que no se pueden alterar los valores imperantes en nuestro sistema legal por muy duras que fueran las potenciales consecuencias para la salud del huelguista?
La eventual cesión en ese hipotético caso sin duda daría lugar a nuevas huelgas de hambre, esta vez de los presos condenados, a fin de obtener a su vez una nueva negociación que les permitiera salvar la vida y/o la libertad.
Descartada esta línea por absurda, hemos de concluir que, en el fondo, opiniones como la antes aludida cuestionan la legitimidad del sistema cubano y por ende de su gobierno, de tal modo que tras un barniz “humanitario” (que no se aplica a la realidad colombiana, por ejemplo), se está utilizando el método inductivo: Se quiere demostrar que Cuba es una dictadura y haga lo que haga la conclusión será la misma. Se trata de aplicar el principio de no dejar que la realidad estropee un buen titular.
* Francisco García Cediel es militante de Iniciativa Comunista
La Haine
Por Francisco García Cediel
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La reciente muerte tras una huelga de Hambre del preso cubano Orlando Zapata ha generado una virulenta ofensiva mediática y política contra la isla que, como no se escapa a nadie, está directamente relacionado con el sistema socioeconómico vigente en ese país.
En la vorágine de descalificaciones, las escasas aunque heroicas voces que se han apartado de la línea monocorde, como Willy Toledo, han sido sometidas a un feroz linchamiento mediático, poniendo una vez más de manifiesto el concepto de libertad de expresión que tienen estos “campeones” de la democracia.
Pero, descontando por evidentes y previsibles las opiniones de los voceros del franquismo periodístico, amplia mayoría en el pobre panorama de la prensa oral y escrita de este país, hemos de detenernos en las criticas vertidas por los periódicos supuestamente progresistas; “Avergonzado de definirse de izquierdas” (sic) se declaró un columnista del diario Público, tras argumentar, si bien con mayor prudencia en los epítetos, en la misma línea de fondo que sus colegas de ABC y La Razón. El autodefinido zurdo no se ha dignado escribir una sola línea sobre, por ejemplo (y para no disparar las alarmas aludiendo a la huelga de hambre de Iñaki de Juana), el preso catalán Amadeu Casellas, que llegó a coserse los labios para protestar frente a la ilegal prolongación de su encarcelamiento. Claro que no es lo mismo criticar a Cuba en la lejanía no solo geográfica, que cuestionar las cosas de aquí y arriesgarse al ostracismo cuando no a desfilar por la Audiencia Nacional.
Más sutiles son las criticas vertidas por otras voces que han apuntado en suma que no basta para analizar, y en su caso justificar, acontecimientos luctuosos como el que nos ocupa, el recurso a poner de manifiesto comparativamente la situación carcelaria en Estados Unidos, con sus repletas galerías de condenados a muerte, incluyendo el disidente político y periodista Mumia Abu Jamal, el centro de detención de Guantánamo, la gran cantidad de niños e incapaces presos, la estadística de suicidios y muertos por falta de cuidados, etc., o la situación que, sin ir más lejos, se produce en el Estado Español, que ostenta en población carcelaria en relación al número de habitantes el record europeo, y que también tiene unas cifras olímpicas de presos políticos, enfermos incurables entre rejas y suicidios, por no hablar de las torturas…
El argumento esgrimido por estos columnistas es que al socialismo se le supone una superioridad ética, por lo cual no basta que sucesos desgraciados como el fallecimiento de Orlando Zapata se produzcan en Cuba en mucha menor medida que en los estados capitalistas.
Puesto que de ello se trata, hemos de analizar históricamente el fenómeno de la huelga de hambre y los problemas éticos que se han suscitado al respecto.
En el ámbito carcelario hemos de recordar la huelga de hambre emprendida por los presos irlandeses en los años 80 del pasado siglo, reivindicando el status de presos políticos, que tuvo como consecuencia la muerte de 10 de ellos, el más conocido es Bobby Sands, ante la inflexible actitud de la Primer Ministra británica Margaret Thatcher. En el Estado Español, y frente a la política de dispersión, recurrieron a dicha medida los presos vinculados a los GRAPO, lo que suscitó un debate sobre el recurso a la alimentación forzosa, medida con la que amenazó públicamente el a la sazón Ministro de Justicia, Fernández Ordóñez.
La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, celebrada en 1975, estableció expresamente al respecto: El preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehuse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria. Tal opinión del médico sobre la capacidad del preso para sopesar su decisión deberá ser corroborada por, al menos, otro médico independiente. Las consecuencias de negarse a tomar alimentos serán explicadas por el médico al preso. En fin, la decisión no era distinta que en cualquier otro caso en el que un enfermo no quiere seguir los consejos de su médico, estando éste obligado a respetar la decisión de aquel.
Pero el gobierno decidió imponer sus intereses políticos por encima de todo y de todos, no vacilando en el momento de emplear la violencia más brutal, tanto contra los presos en huelga como contra quienes se negaban a la alimentación forzada. Los presos del Hospital Penitenciario fueron atados a la cama y alimentados a la fuerza con suero por vía intravenosa.
Dicha huelga se saldó con la muerte de Crespo Galende y más tarde la de Sevillano, arrastrando aún ahora los supervivientes graves secuelas físicas derivadas de la violencia ejercida al alimentarlos contra su voluntad.
Imaginemos por un momento que el Gobierno cubano hubiera recurrido a la alimentación forzosa en el caso de Orlando Zapata; con toda seguridad, la opinión publicada le hubiera acusado de la práctica de torturas.
El dilema se complica extraordinariamente ante el comienzo de una huelga de hambre por el cubano Guillermo Fariñas. Esta vez se trata de una persona en libertad, que por tanto no está bajo la custodia del Estado ¿Qué intervención según estos analistas deberían efectuar las autoridades cubanas? Para contestar a esta pregunta, la integrante del Consejo Editorial de Público Carmen Magallón titula “Salvemos al cubano Fariñas” el texto publicado el 17 de marzo de 2010, resumiendo la posición del periódico al respecto, y aludiendo a “la grandeza de negociar” en nombre del valor de la vida.
Claro que el medio pasa de puntillas sobre la valoración de las reivindicaciones del huelguista, tal vez para no perder lectores, dando la sensación de que tal deber es absoluto, con independencia de la opinión que cada cual tenga respecto a lo pedido, lo cual nos lleva a una situación absurda. Imaginemos por un momento que el padre de Marta del Castillo (adolescente presuntamente asesinada en Sevilla por su expareja) se pusiera en huelga de hambre exigiendo la pena de muerte o la cadena perpetua para los condenados por determinados delitos.
¿Se pediría igualmente por Público al Gobierno Español que negociara para preservar la vida del atribulado progenitor o se consideraría que no se pueden alterar los valores imperantes en nuestro sistema legal por muy duras que fueran las potenciales consecuencias para la salud del huelguista?
La eventual cesión en ese hipotético caso sin duda daría lugar a nuevas huelgas de hambre, esta vez de los presos condenados, a fin de obtener a su vez una nueva negociación que les permitiera salvar la vida y/o la libertad.
Descartada esta línea por absurda, hemos de concluir que, en el fondo, opiniones como la antes aludida cuestionan la legitimidad del sistema cubano y por ende de su gobierno, de tal modo que tras un barniz “humanitario” (que no se aplica a la realidad colombiana, por ejemplo), se está utilizando el método inductivo: Se quiere demostrar que Cuba es una dictadura y haga lo que haga la conclusión será la misma. Se trata de aplicar el principio de no dejar que la realidad estropee un buen titular.
* Francisco García Cediel es militante de Iniciativa Comunista
La Haine
ESTIMADAS ""DAMAS DE BLANCO""... PESE A LA GUSANERA ¡CUBA VA!
Son ustedes lo más parecido que he visto en mi vida a los de “Foro de Ermua”, y otros chiringuitos semejantes al suyo, que tururan por mi país.
Por Andoni Baserrigorri
-----
Hace unos meses tuve la oportunidad de verlas en vivo y en directo allí mismo en La Habana, a ustedes con su retórica contra revolucionaria, reaccionaria y colaboracionista con el imperialismo.
Debo decirles que no gasté ni siquiera un poquito de la batería de mi cámara de fotos en hacerles ninguna fotografía, ustedes no lo merecen y menos en un país como Cuba donde hay tanto y tan bello para fotografiar.
Salí de la experiencia reafirmado en mis convicciones revolucionarias e internacionalistas hacia Cuba y debo decirles que son ustedes lo más parecido que he visto en mi vida a los de “Foro de Ermua”, y otros chiringuitos semejantes al suyo, que tururan por mi país.
Están hechos por el mismo patrón y con la misma intención, atacar a un pueblo en lucha y servir de lacayos a lo más repugnante de la reacción. Tanto a ustedes como al mencionado foro, “Justicia y Dignidad” y siglas por el estilo, la prensa del sistema le dan una importancia que no tienen, y una presencia en los medios que hace sospechar de los medios propios.
Sus reivindicaciones, señoras, se lo digo con absoluta franqueza, me traen sin cuidado (he procurado no ser grosero…) porque su única reivindicación es atacar al pueblo de Cuba, al socialismo y a su revolución.
Sus maridos, encarcelados, no son presos de conciencia. Son delincuentes, que sirvieron al imperialismo en graves delitos de alta traición, y además se prestaron a colaborar en acciones de naturaleza violenta contra el pueblo. Cobraron de embajadas y a ellas sirvieron, a la estrategia de los Estados Unidos y de sus comadres de la Unión Europea.
En Cuba es falso que haya presos de conciencia y se lo digo con total franqueza. La señora que elabora el blog “Generación Y” podría ser una de ellas, pero ya ven, no esta encarcelada y a diario, emite opiniones a través de su blog.
Y mas personas, emiten opiniones públicas, dentro de Cuba contrarias al socialismo y por ello, no son encarceladas. Ustedes mienten por lo tanto.
Se encarcela a gente que realiza actos hostiles contra el país, de la misma manera que se haría en cualquier otro país del mundo y si no vean el fantástico trabajo al respecto de Cuba información. Cualquier país del mundo, encarcelaría a su esposo por sus actividades.
El pueblo las repudia y reniega de ustedes y eso, lo vi. allí mismo. Y de hecho esta semana si no es por el buen trabajo de la policía cubana, podrían haber sido linchadas, por esas masas de cubanos que ya están hartas de la manipulación y la complicidad con el enemigo.
Ustedes señoras, tratan de emular a las madres de la plaza de mayo, pero ni por asomo tienen, el menor parecido ni mucho menos la dignidad de aquellas.
Señoras, ustedes solo pueden aspirar a asemejarse a los citados foros que operan en Euskal Herria y que tiene como única función, abastecer de algaradas a la estrategia de la derecha mas rancia.
Me da igual lo que les traiga el futuro a ustedes y a sus parejas y lo digo así, sin inmutarme. Ya vale de complicidades con la gusanera y con el imperialismo. El socialismo es la salida de la humanidad y ahí que defenderlo de perfiles como el que ustedes tienen.
Solo, se puede esperar de mi humilde aportación, apoyo a la revolución cubana y al socialismo. No esperen de mi ni medio milímetro de comprensión ni de compasión. Si sus maridos están encarceados,. Señoras, es porque hicieron merito para ello.
Y si quieren hablamos de presos de conciencia. Aquí en Europa y en todo el mundo, presos que jamás han tenido ni un segundo de televisión.
Señoras, si vuelvo por Cuba, me ahorrare la media hora de verlas actuar. Ya tuve bastante.
Pese a ustedes... Cuba Va!!!
Por Andoni Baserrigorri
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Hace unos meses tuve la oportunidad de verlas en vivo y en directo allí mismo en La Habana, a ustedes con su retórica contra revolucionaria, reaccionaria y colaboracionista con el imperialismo.
Debo decirles que no gasté ni siquiera un poquito de la batería de mi cámara de fotos en hacerles ninguna fotografía, ustedes no lo merecen y menos en un país como Cuba donde hay tanto y tan bello para fotografiar.
Salí de la experiencia reafirmado en mis convicciones revolucionarias e internacionalistas hacia Cuba y debo decirles que son ustedes lo más parecido que he visto en mi vida a los de “Foro de Ermua”, y otros chiringuitos semejantes al suyo, que tururan por mi país.
Están hechos por el mismo patrón y con la misma intención, atacar a un pueblo en lucha y servir de lacayos a lo más repugnante de la reacción. Tanto a ustedes como al mencionado foro, “Justicia y Dignidad” y siglas por el estilo, la prensa del sistema le dan una importancia que no tienen, y una presencia en los medios que hace sospechar de los medios propios.
Sus reivindicaciones, señoras, se lo digo con absoluta franqueza, me traen sin cuidado (he procurado no ser grosero…) porque su única reivindicación es atacar al pueblo de Cuba, al socialismo y a su revolución.
Sus maridos, encarcelados, no son presos de conciencia. Son delincuentes, que sirvieron al imperialismo en graves delitos de alta traición, y además se prestaron a colaborar en acciones de naturaleza violenta contra el pueblo. Cobraron de embajadas y a ellas sirvieron, a la estrategia de los Estados Unidos y de sus comadres de la Unión Europea.
En Cuba es falso que haya presos de conciencia y se lo digo con total franqueza. La señora que elabora el blog “Generación Y” podría ser una de ellas, pero ya ven, no esta encarcelada y a diario, emite opiniones a través de su blog.
Y mas personas, emiten opiniones públicas, dentro de Cuba contrarias al socialismo y por ello, no son encarceladas. Ustedes mienten por lo tanto.
Se encarcela a gente que realiza actos hostiles contra el país, de la misma manera que se haría en cualquier otro país del mundo y si no vean el fantástico trabajo al respecto de Cuba información. Cualquier país del mundo, encarcelaría a su esposo por sus actividades.
El pueblo las repudia y reniega de ustedes y eso, lo vi. allí mismo. Y de hecho esta semana si no es por el buen trabajo de la policía cubana, podrían haber sido linchadas, por esas masas de cubanos que ya están hartas de la manipulación y la complicidad con el enemigo.
Ustedes señoras, tratan de emular a las madres de la plaza de mayo, pero ni por asomo tienen, el menor parecido ni mucho menos la dignidad de aquellas.
Señoras, ustedes solo pueden aspirar a asemejarse a los citados foros que operan en Euskal Herria y que tiene como única función, abastecer de algaradas a la estrategia de la derecha mas rancia.
Me da igual lo que les traiga el futuro a ustedes y a sus parejas y lo digo así, sin inmutarme. Ya vale de complicidades con la gusanera y con el imperialismo. El socialismo es la salida de la humanidad y ahí que defenderlo de perfiles como el que ustedes tienen.
Solo, se puede esperar de mi humilde aportación, apoyo a la revolución cubana y al socialismo. No esperen de mi ni medio milímetro de comprensión ni de compasión. Si sus maridos están encarceados,. Señoras, es porque hicieron merito para ello.
Y si quieren hablamos de presos de conciencia. Aquí en Europa y en todo el mundo, presos que jamás han tenido ni un segundo de televisión.
Señoras, si vuelvo por Cuba, me ahorrare la media hora de verlas actuar. Ya tuve bastante.
Pese a ustedes... Cuba Va!!!
EN LAS RUTAS DEL TR'ÁFICO DE COCAÍNA HACIA EUROPA EL PUERTO DE VALENCIA ES LA PRINCIPAL ENTRADA
València connection
Lucas Marco
l'informatiu
Evo Morales lo recuerda siempre que puede. Si hay producción de cocaína es porque millones de europeos y norteamericanos la esnifan. En esta ecuación de oferta y demanda, el Puerto de Valencia es la principal puerta de entrada utilizada por los narcotraficantes para introducir cocaína en Europa. El último alijo capturado de 1.200 kilos de coca ha llevado a prisión a tres empresarios españoles.
En las rutas del tráfico de cocaína hacia Europa, el Puerto de Valencia es la principal entrada, según los datos que recoge anualmente la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. En 2007, tanto la Guardia Civil como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera intervinieron en el puerto al menos 3.230 kilos de cocaína, el 60% de toda la cocaína incautada ese año en el Estado español. A pesar de estos datos, sólo se revisan físicamente 110 de los aproximadamente 4000 contenedores que salen diariamente del puerto a bordo de camiones. 50 contenedores son revisados por Aduanas y otros 60 por el Puesto de Inspección Fronteriza, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca. Valenciaport, la marca comercial del puerto de Valencia, se ha convertido en el mayor operador de contenedores del Estado español (en 2009 tuvo un tráfico de 3.653.890 de contenedores TEU, según la Autoridad Portuaria de Valencia).
En su Informe Mundial sobre Drogas del 2007, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destacaba que “el principal punto de entrada de cocaína en Europa sigue siendo España”. No en vano, "España ha comunicado las mayores incautaciones de Europa durante los últimos 20 años. En 2005 las incautaciones españolas de 48 toneladas de cocaína representaron el 45% del total de las incautaciones de cocaína practicadas en Europa”, añadía el informe de la ONUDD. Así, en 2006 el 11% de las incautaciones de coca fue en contenedores, frente al 66% en alta mar y el 6% en aeropuertos, según datos del Ministerio del Interior citados en el informe. El informe de la ONUDD del año 2009 sitúa una vez más a España a la cabeza de las incautaciones de coca en Europa.
La última operación de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera se saldó, el pasado 23 de febrero, con la incautación de 1.200 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia y la detención, una semana más tarde, de tres empresarios españoles afincados en República Dominicana que, según las investigaciones de la Guardia Civil y de las autoridades dominicanas, están detrás del cargamento. Las ramificaciones de la operación se extienden al país caribeño y la prensa dominicana señala el apagón informativo que se ha producido en relación con este caso en los medios de comunicación españoles.
Arturo del Tiempo Marqués, un empresario español del sector inmobiliario, empezó en 2005 la construcción de la torre de apartamentos de lujo Atiemar (iniciales de su nombre y apellidos) en Santo Domingo siendo presidente del Grupo Inmobiliario P&P. Incluso el presidente de la República, Leonel Fernández, asistió a la inauguración de la construcción, un gesto que agradeció el empresario español y que se ha visto envuelto de polémica tras la detención de éste último. Lo que en un principio se proyectaba como un millonario negocio se vió truncado el pasado 5 de marzo cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, tras el decomiso de los 1.200 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia, intervino la lujosa torre para “investigar” la procedencia de la inversión realizada y tratar de averiguar si ésta se hizo con dinero procedente del narcotráfico. Ahora la Fiscalía dominicana también investiga otras posibles propiedades del empresario, así como las conexiones con algunos altos funcionarios dominicanos. Según el periódico Panorama Diario, Arturo del Tiempo Marqués tiene cinco apartamentos en Atiemar, su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia, considerado el principal organizador del cargamento, dos apartamentos y su hija Isabel, empleada en el Grupo Inmobiliario P&P que no guarda relación con la trama del cargamento de coca, un apartamento. Cada apartamento está valorado en 1.3 millones de dólares y varias personalidades de la vida nacional dominicana poseen uno, como es el caso del jefe de la Policía Nacional.
La cocaína llegó al Puerto de Valencia en el Nordsea, un barco de bandera chipriota, el pasado 23 de febrero. Se da la circunstancia de que el mismo barco transportaba dos contenedores más con mil kilos de cocaína, sin relación con el alijo por el que han sido detenidos los empresarios españoles. Tras intervenir los 1.200 kilos de coca por orden de la juez de instrucción número 11 de Valencia, agentes de la Guardia Civil detuvieron a Arturo del Tiempo Marqués el 2 de marzo en un polígono industrial de Gavà (Barcelona) en el cual debía ser entregada la coca en un principio. También fueron detenidos Arturo del Tiempo Manzarbeitia, hijo del empresario, y Antonio Núñez Cebrián, un empresario español que figura como apoderado de Hispano Dominicana de Importaciones y Exportaciones SL, de la cual Arturo del Tiempo Marqués es administrador único, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Esta empresa está domiciliada en la calle O'Donnell de Madrid y tiene como objeto social la “importación, exportación, compraventa, intermediación y comercio al por menor y al por mayor de mármol y piedra natural o artificial”. El cargamento de 1.200 kilos de cocaína venía en un contenedor que transportaba mármol sobrante de la construcción de la torre Atiemar en Santo Domingo. Los tres detenidos permanecen en prisión.
El periódico 7 Días señalaba que Arturo del Tiempo Marqués, el cual figura como ex consejero delegado o ex apoderado de hasta ocho sociedades durante los años 90, “hizo carrera bancaria bajo la sombra de Mario Conde” y su hijo, Arturo del Tiempo Manzarbeitia, “tiene antecedentes de drogas y negocios ilícitos”, citando también la participación de éste último en 1993 en una pelea en la discoteca Pachá de Madrid, siendo entonces menor de edad, en la que resultaron heridos graves dos jóvenes. Arturo del Tiempo Manzarbeitia, actualmente en prisión, es socio y accionista de Edificaciones Drumstick SL, de la que también fue administrador único. La citada mercantil, dedicada a la promoción inmobiliaria y domiciliada en Madrid, cuenta actualmente con Antonio Jaramillo Becerro como administrador único. Jaramillo Becerro fue nombrado apoderado hace poco más de un mes de Kavaal Real Estate SL, la nueva sociedad patrimonial que el empresario valenciano Enrique Bañuelos montó tras la devacle de Astroc.
Ningún medio de comunicación español de ámbito estatal ha dado cobertura informativa a este caso. “Los medios periodísticos españoles son muy ágiles informando de cualquier arresto de personas implicadas en narcotráfico, sin embargo el caso de Del Tiempo Marques no ha sido de su interés”, señalaba Diario Digital RD.
Fuente: http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/valencia-connection/
Lucas Marco
l'informatiu
Evo Morales lo recuerda siempre que puede. Si hay producción de cocaína es porque millones de europeos y norteamericanos la esnifan. En esta ecuación de oferta y demanda, el Puerto de Valencia es la principal puerta de entrada utilizada por los narcotraficantes para introducir cocaína en Europa. El último alijo capturado de 1.200 kilos de coca ha llevado a prisión a tres empresarios españoles.
En las rutas del tráfico de cocaína hacia Europa, el Puerto de Valencia es la principal entrada, según los datos que recoge anualmente la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito. En 2007, tanto la Guardia Civil como la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera intervinieron en el puerto al menos 3.230 kilos de cocaína, el 60% de toda la cocaína incautada ese año en el Estado español. A pesar de estos datos, sólo se revisan físicamente 110 de los aproximadamente 4000 contenedores que salen diariamente del puerto a bordo de camiones. 50 contenedores son revisados por Aduanas y otros 60 por el Puesto de Inspección Fronteriza, dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca. Valenciaport, la marca comercial del puerto de Valencia, se ha convertido en el mayor operador de contenedores del Estado español (en 2009 tuvo un tráfico de 3.653.890 de contenedores TEU, según la Autoridad Portuaria de Valencia).
En su Informe Mundial sobre Drogas del 2007, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) destacaba que “el principal punto de entrada de cocaína en Europa sigue siendo España”. No en vano, "España ha comunicado las mayores incautaciones de Europa durante los últimos 20 años. En 2005 las incautaciones españolas de 48 toneladas de cocaína representaron el 45% del total de las incautaciones de cocaína practicadas en Europa”, añadía el informe de la ONUDD. Así, en 2006 el 11% de las incautaciones de coca fue en contenedores, frente al 66% en alta mar y el 6% en aeropuertos, según datos del Ministerio del Interior citados en el informe. El informe de la ONUDD del año 2009 sitúa una vez más a España a la cabeza de las incautaciones de coca en Europa.
La última operación de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera se saldó, el pasado 23 de febrero, con la incautación de 1.200 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia y la detención, una semana más tarde, de tres empresarios españoles afincados en República Dominicana que, según las investigaciones de la Guardia Civil y de las autoridades dominicanas, están detrás del cargamento. Las ramificaciones de la operación se extienden al país caribeño y la prensa dominicana señala el apagón informativo que se ha producido en relación con este caso en los medios de comunicación españoles.
Arturo del Tiempo Marqués, un empresario español del sector inmobiliario, empezó en 2005 la construcción de la torre de apartamentos de lujo Atiemar (iniciales de su nombre y apellidos) en Santo Domingo siendo presidente del Grupo Inmobiliario P&P. Incluso el presidente de la República, Leonel Fernández, asistió a la inauguración de la construcción, un gesto que agradeció el empresario español y que se ha visto envuelto de polémica tras la detención de éste último. Lo que en un principio se proyectaba como un millonario negocio se vió truncado el pasado 5 de marzo cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas de la República Dominicana, tras el decomiso de los 1.200 kilos de cocaína en el Puerto de Valencia, intervino la lujosa torre para “investigar” la procedencia de la inversión realizada y tratar de averiguar si ésta se hizo con dinero procedente del narcotráfico. Ahora la Fiscalía dominicana también investiga otras posibles propiedades del empresario, así como las conexiones con algunos altos funcionarios dominicanos. Según el periódico Panorama Diario, Arturo del Tiempo Marqués tiene cinco apartamentos en Atiemar, su hijo Arturo del Tiempo Manzarbeitia, considerado el principal organizador del cargamento, dos apartamentos y su hija Isabel, empleada en el Grupo Inmobiliario P&P que no guarda relación con la trama del cargamento de coca, un apartamento. Cada apartamento está valorado en 1.3 millones de dólares y varias personalidades de la vida nacional dominicana poseen uno, como es el caso del jefe de la Policía Nacional.
La cocaína llegó al Puerto de Valencia en el Nordsea, un barco de bandera chipriota, el pasado 23 de febrero. Se da la circunstancia de que el mismo barco transportaba dos contenedores más con mil kilos de cocaína, sin relación con el alijo por el que han sido detenidos los empresarios españoles. Tras intervenir los 1.200 kilos de coca por orden de la juez de instrucción número 11 de Valencia, agentes de la Guardia Civil detuvieron a Arturo del Tiempo Marqués el 2 de marzo en un polígono industrial de Gavà (Barcelona) en el cual debía ser entregada la coca en un principio. También fueron detenidos Arturo del Tiempo Manzarbeitia, hijo del empresario, y Antonio Núñez Cebrián, un empresario español que figura como apoderado de Hispano Dominicana de Importaciones y Exportaciones SL, de la cual Arturo del Tiempo Marqués es administrador único, según los datos que constan en el Registro Mercantil. Esta empresa está domiciliada en la calle O'Donnell de Madrid y tiene como objeto social la “importación, exportación, compraventa, intermediación y comercio al por menor y al por mayor de mármol y piedra natural o artificial”. El cargamento de 1.200 kilos de cocaína venía en un contenedor que transportaba mármol sobrante de la construcción de la torre Atiemar en Santo Domingo. Los tres detenidos permanecen en prisión.
El periódico 7 Días señalaba que Arturo del Tiempo Marqués, el cual figura como ex consejero delegado o ex apoderado de hasta ocho sociedades durante los años 90, “hizo carrera bancaria bajo la sombra de Mario Conde” y su hijo, Arturo del Tiempo Manzarbeitia, “tiene antecedentes de drogas y negocios ilícitos”, citando también la participación de éste último en 1993 en una pelea en la discoteca Pachá de Madrid, siendo entonces menor de edad, en la que resultaron heridos graves dos jóvenes. Arturo del Tiempo Manzarbeitia, actualmente en prisión, es socio y accionista de Edificaciones Drumstick SL, de la que también fue administrador único. La citada mercantil, dedicada a la promoción inmobiliaria y domiciliada en Madrid, cuenta actualmente con Antonio Jaramillo Becerro como administrador único. Jaramillo Becerro fue nombrado apoderado hace poco más de un mes de Kavaal Real Estate SL, la nueva sociedad patrimonial que el empresario valenciano Enrique Bañuelos montó tras la devacle de Astroc.
Ningún medio de comunicación español de ámbito estatal ha dado cobertura informativa a este caso. “Los medios periodísticos españoles son muy ágiles informando de cualquier arresto de personas implicadas en narcotráfico, sin embargo el caso de Del Tiempo Marques no ha sido de su interés”, señalaba Diario Digital RD.
Fuente: http://www.linformatiu.com/nc/portada/detalle/articulo/valencia-connection/
ESCUELAS DE INFANCIA Y PENSIONES EN ESPAÑA
Uno de los argumentos alarmistas que constantemente se utilizan por parte de aquellos autores que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones públicas es el del envejecimiento de la población, consecuencia del crecimiento de la esperanza de vida y del mayor número de ancianos. Estos hechos contrastan con la disminución de la tasa de fecundidad (es decir, el número de niños por mujer en edad fértil) y de la natalidad (el número de niños nacidos por cada mil habitantes).
El problema con este alarmismo es que asume un determinismo inalterable en el que ninguna de estas variables demográficas puede cambiar, lo cual es un error. La fecundidad en España, por ejemplo, es de 1,3, una de las más bajas de la UE, pero puede (y debe) aumentar considerablemente. En realidad, todas las encuestas señalan que a la mayoría de familias en este país les gustaría tener dos hijos, por cierto, un número muy semejante al que expresan las familias en la UE. Si los tuvieran, ello implicaría que el mal llamado problema de envejecimiento tendría mucha menos importancia de la que tiene ahora. Una de las razones de que no tengan dos niños es que no se ofrecen a las familias las ayudas necesarias para que puedan compaginar sus responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales. Y, en España, cuando decimos familia queremos decir mujer. Es la mujer la que lleva la mayor carga de las responsabilidades familiares. El enorme machismo de la sociedad española, y muy en especial de los establishments mediáticos y políticos, explica que las familias estén tan poco apoyadas por el Estado (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias).
En el año 2000, cuando asesoré a Josep Borrell como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, propuse que se estableciera un nuevo derecho en España, el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias, es decir, acceso a las escuelas de infancia, por un lado, y a los servicios domiciliarios de atención a las personas dependientes, por otro. Tal derecho lo denominé con el nombre del cuarto pilar del bienestar, término que hizo fortuna, de lo cual me alegro –ver mi artículo El cuarto pilar del bienestar (Público, 15-10-09)–. Una parte de este cuarto pilar del bienestar, la de servicios domiciliarios, fue aprobada por las Cortes españolas y está siendo desarrollada por el Gobierno español. Es una buena ley, aunque está subfinanciada y se centra demasiado en prestaciones económicas y poco en servicios. Pero la otra dimensión, el derecho de acceso a las escuelas de infancia, está muy poco desarrollada. Y es un error, pues su impacto en la calidad de vida de las familias (y muy en especial de las mujeres) y de la sociedad, así como en la estructura demográfica, sería enorme.
En España no existe tal derecho y el servicio de cuidado de infantes es muy deficitario. Incluso a los centros de infancia se les continúa llamando “guarderías”, como si se tratara de un lugar de aparcamiento para niños, un parking donde se lleva a los niños para que les guarden. Y esto es un problema. Estudios de desarrollo intelectual y emotivo de los infantes, realizados en EEUU y en los países nórdicos de Europa, señalan la enorme importancia que tienen los primeros años para el desarrollo emotivo, psicológico e intelectual de los infantes. Es fundamental para el mejoramiento de toda la sociedad que los niños estén en centros de infancia de alta calidad, atendidos por profesionales altamente cualificados y que dispongan de los medios necesarios. Y, puesto que la educación de los infantes beneficia a toda la población, esta debería estar financiada por todos, es decir, públicamente, lo cual no excluye contribuciones de los padres, que deben ser reguladas y dependientes de su nivel de renta.
Debido a que por razones de exilio he vivido en varios países (Suecia, Reino Unido y EEUU) además de en el mío, España, y tengo familiares en todos ellos, tengo información de primera mano sobre cuánto les cuesta a los padres una escuela de infancia (para niños menores de dos años) en cada uno de estos países. En Nueva York cuesta el equivalente a 1.600 euros al mes llevar a un niño a un centro de infancia (la gran mayoría son centros privados). En Estocolmo (Suecia), los padres pagan según su nivel de renta –aunque nunca una cifra mayor del equivalente a 180 euros al mes–, en una institución pública y de elevadísima calidad. Por último, en Barcelona una escuela privada puede costar unos 700 euros y una pública 300 (130 euros de matrícula más 170 euros en gastos paralelos). En España existe una enorme carencia de escuelas públicas de infancia. Las de mayor calidad son las suecas. Tienen un número menor de niños por profesor y permanecen abiertas durante más horas.
Se me dirá, con razón, que las familias suecas son las que pagan menos por llevar a sus niños a excelentes centros de infancia, pero que, en cambio, pagan más impuestos. De hecho, los impuestos en Suecia son más elevados que en EEUU y España. Pero lo que no debe ignorarse (como hace la gran mayoría de pensadores liberales) es que si sumamos lo que una familia estadounidense paga en atención a sus niños (ya sea en educación o en sanidad), vemos que esas cantidades son mucho mayores que las que pagan las familias suecas, pues en EEUU sólo pagan los padres (y en servicios privados), mientras que en Suecia pagan todos los ciudadanos (y en servicios públicos). Lo cual me lleva a una última reflexión. Suecia tiene una tasa de fecundidad próxima a dos niños por mujer. Mi maestro Gunnar Myrdal y su esposa, Alva (dos de los economistas más influyentes en la socialdemocracia sueca), convencieron al Gobierno socialdemócrata sueco de que tenía que invertir en escuelas de infancia para aumentar la fecundidad y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo. En España, sin embargo, los equipos económicos de los gobiernos raramente ven las escuelas de infancia como inversiones tan o más importantes que el AVE. Y, en parte, ahí está el problema. No lo entienden. El machismo siempre dificulta la solución de nuestros problemas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y director del Observatorio Social de España
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1900/escuelas-de-infancia-y-pensiones/
El problema con este alarmismo es que asume un determinismo inalterable en el que ninguna de estas variables demográficas puede cambiar, lo cual es un error. La fecundidad en España, por ejemplo, es de 1,3, una de las más bajas de la UE, pero puede (y debe) aumentar considerablemente. En realidad, todas las encuestas señalan que a la mayoría de familias en este país les gustaría tener dos hijos, por cierto, un número muy semejante al que expresan las familias en la UE. Si los tuvieran, ello implicaría que el mal llamado problema de envejecimiento tendría mucha menos importancia de la que tiene ahora. Una de las razones de que no tengan dos niños es que no se ofrecen a las familias las ayudas necesarias para que puedan compaginar sus responsabilidades familiares con sus proyectos profesionales. Y, en España, cuando decimos familia queremos decir mujer. Es la mujer la que lleva la mayor carga de las responsabilidades familiares. El enorme machismo de la sociedad española, y muy en especial de los establishments mediáticos y políticos, explica que las familias estén tan poco apoyadas por el Estado (ver mi libro El subdesarrollo social de España. Causas y consecuencias).
En el año 2000, cuando asesoré a Josep Borrell como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, propuse que se estableciera un nuevo derecho en España, el derecho de acceso a los servicios de ayuda a las familias, es decir, acceso a las escuelas de infancia, por un lado, y a los servicios domiciliarios de atención a las personas dependientes, por otro. Tal derecho lo denominé con el nombre del cuarto pilar del bienestar, término que hizo fortuna, de lo cual me alegro –ver mi artículo El cuarto pilar del bienestar (Público, 15-10-09)–. Una parte de este cuarto pilar del bienestar, la de servicios domiciliarios, fue aprobada por las Cortes españolas y está siendo desarrollada por el Gobierno español. Es una buena ley, aunque está subfinanciada y se centra demasiado en prestaciones económicas y poco en servicios. Pero la otra dimensión, el derecho de acceso a las escuelas de infancia, está muy poco desarrollada. Y es un error, pues su impacto en la calidad de vida de las familias (y muy en especial de las mujeres) y de la sociedad, así como en la estructura demográfica, sería enorme.
En España no existe tal derecho y el servicio de cuidado de infantes es muy deficitario. Incluso a los centros de infancia se les continúa llamando “guarderías”, como si se tratara de un lugar de aparcamiento para niños, un parking donde se lleva a los niños para que les guarden. Y esto es un problema. Estudios de desarrollo intelectual y emotivo de los infantes, realizados en EEUU y en los países nórdicos de Europa, señalan la enorme importancia que tienen los primeros años para el desarrollo emotivo, psicológico e intelectual de los infantes. Es fundamental para el mejoramiento de toda la sociedad que los niños estén en centros de infancia de alta calidad, atendidos por profesionales altamente cualificados y que dispongan de los medios necesarios. Y, puesto que la educación de los infantes beneficia a toda la población, esta debería estar financiada por todos, es decir, públicamente, lo cual no excluye contribuciones de los padres, que deben ser reguladas y dependientes de su nivel de renta.
Debido a que por razones de exilio he vivido en varios países (Suecia, Reino Unido y EEUU) además de en el mío, España, y tengo familiares en todos ellos, tengo información de primera mano sobre cuánto les cuesta a los padres una escuela de infancia (para niños menores de dos años) en cada uno de estos países. En Nueva York cuesta el equivalente a 1.600 euros al mes llevar a un niño a un centro de infancia (la gran mayoría son centros privados). En Estocolmo (Suecia), los padres pagan según su nivel de renta –aunque nunca una cifra mayor del equivalente a 180 euros al mes–, en una institución pública y de elevadísima calidad. Por último, en Barcelona una escuela privada puede costar unos 700 euros y una pública 300 (130 euros de matrícula más 170 euros en gastos paralelos). En España existe una enorme carencia de escuelas públicas de infancia. Las de mayor calidad son las suecas. Tienen un número menor de niños por profesor y permanecen abiertas durante más horas.
Se me dirá, con razón, que las familias suecas son las que pagan menos por llevar a sus niños a excelentes centros de infancia, pero que, en cambio, pagan más impuestos. De hecho, los impuestos en Suecia son más elevados que en EEUU y España. Pero lo que no debe ignorarse (como hace la gran mayoría de pensadores liberales) es que si sumamos lo que una familia estadounidense paga en atención a sus niños (ya sea en educación o en sanidad), vemos que esas cantidades son mucho mayores que las que pagan las familias suecas, pues en EEUU sólo pagan los padres (y en servicios privados), mientras que en Suecia pagan todos los ciudadanos (y en servicios públicos). Lo cual me lleva a una última reflexión. Suecia tiene una tasa de fecundidad próxima a dos niños por mujer. Mi maestro Gunnar Myrdal y su esposa, Alva (dos de los economistas más influyentes en la socialdemocracia sueca), convencieron al Gobierno socialdemócrata sueco de que tenía que invertir en escuelas de infancia para aumentar la fecundidad y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo. En España, sin embargo, los equipos económicos de los gobiernos raramente ven las escuelas de infancia como inversiones tan o más importantes que el AVE. Y, en parte, ahí está el problema. No lo entienden. El machismo siempre dificulta la solución de nuestros problemas.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y director del Observatorio Social de España
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/1900/escuelas-de-infancia-y-pensiones/
LAGUNAS LEGALES PERMITEN QUE EMPRESAS EUROPEAS COMERCIEN CON INSTRUMENTOS DE TORTURA
Un nuevo informe publicado hoy por Amnistía Internacional y Omega Research Foundation presenta datos que indican que empresas europeas participan en el comercio mundial de “instrumentos de tortura” como esposas con sujeción a la pared, “esposas para pulgares” metálicas, y “mangas” y “esposas” de electrochoque que administran descargas de 50.000 voltios a personas detenidas y presas.
El informe, "De las palabras a los hechos", muestra que estas actividades han continuado a pesar de la introducción en 2006 de controles en el ámbito europeo que prohíben el comercio internacional de materiales para la policía y de seguridad diseñados para infligir torturas y malos tratos y regulan el comercio de otros materiales ampliamente utilizados para infligir torturas en todo el mundo.
El informe se debatirá oficialmente en la reunión que celebrará el 18 de marzo la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas. Amnistía Internacional y Omega Research Foundation piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que subsanen las lagunas legislativas que se ponen de relieve en el informe, y que los Estados miembros de la UE apliquen y hagan cumplir de modo adecuado el Reglamento.
“La introducción de controles europeos sobre el comercio de ‘instrumentos de tortura’, después de un decenio de campaña de las organizaciones de derechos humanos, fue una norma jurídica histórica. Pero tres años después de la entrada en vigor de estos controles, varios Estados europeos no han aplicado o no han hecho cumplir de forma adecuada el Reglamento", ha afirmado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía internacional ante la Unión Europea.
"Nuestra investigación muestra que a pesar de los nuevos controles, varios Estados miembros, como Alemania y la República Checa, han autorizado después de 2006 la exportación de armas y dispositivos de sujeción destinados a la labor policial a un mínimo de nueve países en los que Amnistía Internacional ha documentado el uso de tales materiales en actos de tortura. Además, sólo siete Estados han cumplido sus obligaciones legales en cuanto a informar públicamente de sus exportaciones en virtud del Reglamento. Tememos que algunos Estados no se estén tomando en serio sus obligaciones legales”, ha afirmado Brian Wood, director del equipo de trabajo sobre Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.
Las lagunas en la legislación permiten asimismo que los proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley comercien con equipos cuyo único uso es infligir torturas o malos tratos.
“Como parte de sus compromisos de combatir la tortura allí donde se produzca, los Estados miembros deben pasar ahora de las palabras a los hechos. Deben imponer controles realmente efectivos sobre el comercio europeo de material con fines policiales y de seguridad, y asegurarse de que tales artículos no se convierten en parte del conjunto de instrumentos del torturador”, ha afirmado Michael Crowley, investigador de Omega Research Foundation.
Las conclusiones principales del informe incluyen:
Entre 2006 y 2009, la República Checa emitió licencias de exportación para grilletes, armas de electrochoque y pulverizadores químicos –y Alemania para cadenas para los pies y pulverizadores químicos– a nueve países donde la policía y las fuerzas de seguridad habían usado con anterioridad estos materiales para infligir torturas y otros malos tratos.
Proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley de Italia y España han publicitado la venta de “esposas” o “mangas” de electrochoque de 50.000 voltios para su uso con personas detenidas. Una laguna legal permite su comercio a pesar de ser en esencia semejantes a los “cinturones paralizantes” eléctricos cuya importación y exportación se prohíbe en todo el territorio de la Unión Europea.
En 2005, un Estado miembro de la Unión Europea –Hungría– declaró su intención de introducir “cinturones paralizantes” eléctricos en sus cárceles y comisarías de policía, a pesar de que la importación y exportación de este tipo de cinturones fue prohibida posteriormente por considerarse que su uso constituye intrínsecamente tortura o malos tratos.
Sólo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han informado públicamente de sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad controlados por el Reglamento, a pesar de que éste exige legalmente a todos los Estados miembros que así lo hagan.
El informe también pone de manifiesto el alcance del comercio en toda la Unión Europea, y la necesidad de que los Estados miembros tomen medidas adecuadas para informar de sus obligaciones a las empresas que participan en este comercio. Cinco Estados miembros han declarado que no tenían conocimiento de que ningún fabricante (Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Malta) o exportador (Bélgica, Chipre, Italia) de sus respectivos países comerciase con material controlado por el Reglamento. No obstante, el informe muestra que en tres de estos cinco países (Finlandia, Italia y Bélgica), existen empresas que han manifestado abiertamente en entrevistas con los medios de comunicación o en sus páginas web que suministran artículos incluidos en el Reglamento, a menudo fabricados en terceros países.
Datos sobre España
Sólo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han informado públicamente de sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad: Bulgaria, República Checa, Alemania, Lituania, Eslovenia, Reino Unido y España. Además, solo España y Alemania proporcionan información sobre los usuarios finales de equipos con licencia.
Al menos dos proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley de España han publicitado la venta de esposas paralizantes de electrochoque para su uso con personas detenidas. Aunque hay un número relativamente escaso de informes de empresas de la UE que promocionan o distribuyen material eléctrico paralizante, al menos una empresa española (NIDEC) ha puesto a la venta ‘esposas paralizantes’ fabricadas en Estados Unidos por Myers Enterprises, y una segunda compañía (Grupo TDS) con base en España promociona el comercio de ‘esposas paralizantes’ del mismo proveedor estadounidense.
Larrañaga y Elorza, empresa española que fabrica una amplia gama de dispositivos de retención, fabrica esposas que incluyen el ‘modelo 5050’, esposas de gran tamaño, bajo el nombre comercial "Alcyon". Larrañaga ha indicado que ya no fabrica material de retención para la pierna completa.
Sin embargo, al menos, dos empresas de otros países continúan ofreciendo restricciones para piernas y cadenas para la cintura que incorporan «esposas Alcyon". En diciembre de 2009, la empresa venezolana Centurión CA, a la que Larrañaga ha confirmado que exporta sus productos, seguía vendiendo una gama de productos de la marca Alcyon - incluidos grilletes para los pies-. A principios de 2010, la empresa Assegai Trading Company (Sudáfrica) también continuaba promocionando el ‘modelo 5240’ de cadenas para la cintura, construido con el ‘modelo 5050’ de esposas para manos y piernas, aunque Larrañaga ha declarado que no exporta sus productos a Assegai.
El caso de Juan Martínez Galdeano
Juan Martínez Galdeano murió bajo custodia de la Guardia Civil en 2005. Los agentes de la Guardia Civil declararon que cuando se le pidió a Juan Martínez Galdeano someterse a una prueba de alcoholemia se volvió agresivo. Un oficial de la Guardia Civil utilizó una pistola de electrochoque no reglamentaria (taser) y un bastón extensible con el fin de controlarle. Fue detenido por desorden público y por resistencia a la autoridad, tras lo cual fue esposado de manos y pies.
Fuentes oficiales declararon que varios guardias civiles tuvieron que sujetar a Juan Martínez Galdeano y colocarle sobre el suelo ya que volvía a comportarse de forma agresiva cuando intentaban trasladarlo a los locales de detención. Después, sufrió una parada cardiaca y falleció.
La autopsia realizada concluía que "la causa inmediata de la muerte" fue "una insuficiencia aguda respiratoria o cardiorespiratoria". El examen del cadáver de la víctima reveló marcas coherentes con las denuncias de malos tratos y el uso excesivo de la fuerza, y la autopsia hacía referencia a la utilización de una arma inmovilizadora o “pistola para aturdir”, calificándola como “concausa (de la muerte) directamente relacionada con la detención”.
Más información
INFORME. From words to deeds. Making the EU ban on the trade in ’tools of torture’ a reality. Amnistía Internacional, marzo de 2010.
RESUMEN Y RECOMENDACIONES extraídos del informe "From words to deeds". Amnistía Internacional, marzo de 2010.
DATOS SOBRE ESPAÑA extraídos del informe "From words to deeds". Amnistía Internacional, marzo de 2010.
http://www.nodo50.org/info/Lagunas-legales-permiten-que.html
El informe, "De las palabras a los hechos", muestra que estas actividades han continuado a pesar de la introducción en 2006 de controles en el ámbito europeo que prohíben el comercio internacional de materiales para la policía y de seguridad diseñados para infligir torturas y malos tratos y regulan el comercio de otros materiales ampliamente utilizados para infligir torturas en todo el mundo.
El informe se debatirá oficialmente en la reunión que celebrará el 18 de marzo la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo en Bruselas. Amnistía Internacional y Omega Research Foundation piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que subsanen las lagunas legislativas que se ponen de relieve en el informe, y que los Estados miembros de la UE apliquen y hagan cumplir de modo adecuado el Reglamento.
“La introducción de controles europeos sobre el comercio de ‘instrumentos de tortura’, después de un decenio de campaña de las organizaciones de derechos humanos, fue una norma jurídica histórica. Pero tres años después de la entrada en vigor de estos controles, varios Estados europeos no han aplicado o no han hecho cumplir de forma adecuada el Reglamento", ha afirmado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía internacional ante la Unión Europea.
"Nuestra investigación muestra que a pesar de los nuevos controles, varios Estados miembros, como Alemania y la República Checa, han autorizado después de 2006 la exportación de armas y dispositivos de sujeción destinados a la labor policial a un mínimo de nueve países en los que Amnistía Internacional ha documentado el uso de tales materiales en actos de tortura. Además, sólo siete Estados han cumplido sus obligaciones legales en cuanto a informar públicamente de sus exportaciones en virtud del Reglamento. Tememos que algunos Estados no se estén tomando en serio sus obligaciones legales”, ha afirmado Brian Wood, director del equipo de trabajo sobre Transferencias Militares, de Seguridad y Policiales de Amnistía Internacional.
Las lagunas en la legislación permiten asimismo que los proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley comercien con equipos cuyo único uso es infligir torturas o malos tratos.
“Como parte de sus compromisos de combatir la tortura allí donde se produzca, los Estados miembros deben pasar ahora de las palabras a los hechos. Deben imponer controles realmente efectivos sobre el comercio europeo de material con fines policiales y de seguridad, y asegurarse de que tales artículos no se convierten en parte del conjunto de instrumentos del torturador”, ha afirmado Michael Crowley, investigador de Omega Research Foundation.
Las conclusiones principales del informe incluyen:
Entre 2006 y 2009, la República Checa emitió licencias de exportación para grilletes, armas de electrochoque y pulverizadores químicos –y Alemania para cadenas para los pies y pulverizadores químicos– a nueve países donde la policía y las fuerzas de seguridad habían usado con anterioridad estos materiales para infligir torturas y otros malos tratos.
Proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley de Italia y España han publicitado la venta de “esposas” o “mangas” de electrochoque de 50.000 voltios para su uso con personas detenidas. Una laguna legal permite su comercio a pesar de ser en esencia semejantes a los “cinturones paralizantes” eléctricos cuya importación y exportación se prohíbe en todo el territorio de la Unión Europea.
En 2005, un Estado miembro de la Unión Europea –Hungría– declaró su intención de introducir “cinturones paralizantes” eléctricos en sus cárceles y comisarías de policía, a pesar de que la importación y exportación de este tipo de cinturones fue prohibida posteriormente por considerarse que su uso constituye intrínsecamente tortura o malos tratos.
Sólo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han informado públicamente de sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad controlados por el Reglamento, a pesar de que éste exige legalmente a todos los Estados miembros que así lo hagan.
El informe también pone de manifiesto el alcance del comercio en toda la Unión Europea, y la necesidad de que los Estados miembros tomen medidas adecuadas para informar de sus obligaciones a las empresas que participan en este comercio. Cinco Estados miembros han declarado que no tenían conocimiento de que ningún fabricante (Bélgica, Chipre, Finlandia, Italia, Malta) o exportador (Bélgica, Chipre, Italia) de sus respectivos países comerciase con material controlado por el Reglamento. No obstante, el informe muestra que en tres de estos cinco países (Finlandia, Italia y Bélgica), existen empresas que han manifestado abiertamente en entrevistas con los medios de comunicación o en sus páginas web que suministran artículos incluidos en el Reglamento, a menudo fabricados en terceros países.
Datos sobre España
Sólo 7 de los 27 Estados miembros de la Unión Europea han informado públicamente de sus autorizaciones de exportación de equipos policiales y de seguridad: Bulgaria, República Checa, Alemania, Lituania, Eslovenia, Reino Unido y España. Además, solo España y Alemania proporcionan información sobre los usuarios finales de equipos con licencia.
Al menos dos proveedores de material destinado a hacer cumplir la ley de España han publicitado la venta de esposas paralizantes de electrochoque para su uso con personas detenidas. Aunque hay un número relativamente escaso de informes de empresas de la UE que promocionan o distribuyen material eléctrico paralizante, al menos una empresa española (NIDEC) ha puesto a la venta ‘esposas paralizantes’ fabricadas en Estados Unidos por Myers Enterprises, y una segunda compañía (Grupo TDS) con base en España promociona el comercio de ‘esposas paralizantes’ del mismo proveedor estadounidense.
Larrañaga y Elorza, empresa española que fabrica una amplia gama de dispositivos de retención, fabrica esposas que incluyen el ‘modelo 5050’, esposas de gran tamaño, bajo el nombre comercial "Alcyon". Larrañaga ha indicado que ya no fabrica material de retención para la pierna completa.
Sin embargo, al menos, dos empresas de otros países continúan ofreciendo restricciones para piernas y cadenas para la cintura que incorporan «esposas Alcyon". En diciembre de 2009, la empresa venezolana Centurión CA, a la que Larrañaga ha confirmado que exporta sus productos, seguía vendiendo una gama de productos de la marca Alcyon - incluidos grilletes para los pies-. A principios de 2010, la empresa Assegai Trading Company (Sudáfrica) también continuaba promocionando el ‘modelo 5240’ de cadenas para la cintura, construido con el ‘modelo 5050’ de esposas para manos y piernas, aunque Larrañaga ha declarado que no exporta sus productos a Assegai.
El caso de Juan Martínez Galdeano
Juan Martínez Galdeano murió bajo custodia de la Guardia Civil en 2005. Los agentes de la Guardia Civil declararon que cuando se le pidió a Juan Martínez Galdeano someterse a una prueba de alcoholemia se volvió agresivo. Un oficial de la Guardia Civil utilizó una pistola de electrochoque no reglamentaria (taser) y un bastón extensible con el fin de controlarle. Fue detenido por desorden público y por resistencia a la autoridad, tras lo cual fue esposado de manos y pies.
Fuentes oficiales declararon que varios guardias civiles tuvieron que sujetar a Juan Martínez Galdeano y colocarle sobre el suelo ya que volvía a comportarse de forma agresiva cuando intentaban trasladarlo a los locales de detención. Después, sufrió una parada cardiaca y falleció.
La autopsia realizada concluía que "la causa inmediata de la muerte" fue "una insuficiencia aguda respiratoria o cardiorespiratoria". El examen del cadáver de la víctima reveló marcas coherentes con las denuncias de malos tratos y el uso excesivo de la fuerza, y la autopsia hacía referencia a la utilización de una arma inmovilizadora o “pistola para aturdir”, calificándola como “concausa (de la muerte) directamente relacionada con la detención”.
Más información
INFORME. From words to deeds. Making the EU ban on the trade in ’tools of torture’ a reality. Amnistía Internacional, marzo de 2010.
RESUMEN Y RECOMENDACIONES extraídos del informe "From words to deeds". Amnistía Internacional, marzo de 2010.
DATOS SOBRE ESPAÑA extraídos del informe "From words to deeds". Amnistía Internacional, marzo de 2010.
http://www.nodo50.org/info/Lagunas-legales-permiten-que.html
HONDURAS: ADOLESCENTE DEL FRENTE NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR AMENAZADO DE MUERTE
URGENTE
Embajador Santiago Cantón
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, NW
Asunto: Urgentes medidas Cautelares a Favor de Jorge Fernando Jiménez Reyes (16)
Estimado Embajador Cantón
Secretario Ejecutivo Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Yo, Andrés Pavón Murillo, hondureño, actuando en mi condición de Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), venimos a solicitar que se le pida al Estado de Honduras la adopción de inmediatas y urgentes medidas cautelares a favor de la vida e integridad física del menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16), las que fundamento en la relación de los hechos y argumentos que a continuación te describo.
Ha sido objeto de agresión y hostigamiento como consecuencia que él y su familia forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular; agresión que a alcanzado la manifiesta incomodidad que la presencia del menor genera en las autoridades administrativas del Instituto Blanca Adriana Ponce Ponce; en este centro educativo le han negado la matricula en la jornada matutina, aunque se matriculó en dicha jornada, la Secretaria de dicha institución procedió de manera arbitraria a cambiarlo a la jornada de la tarde, este cambio arbitrario eleva los potenciales riesgos de agresión física, síquica, moral y hasta atentar contra su vida.
Este acto arbitrario que constituye abuso de autoridad, con el agravante de persecución política, fue motivado por la denuncia del menor JORGE FERNANDO JIMENES REYES (16) y su madre Norma Reyes quienes acudieron al CODEH en varias ocasiones ante las amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que ha recibido el menor desde el 28 de junio del 2009 a la fecha, en varias ocasiones fue privado de su libertad por sostenerse en resistencia contra el golpe de Estado, una de las privaciones de libertad fue motivada por la Directora del Instituto Blanca Adriana Ponce de nombre Xiomara Ponce, quien llamó a los cuerpos de seguridad para privar al menor de su libertad, los cuerpos de seguridad llegaron hasta el Instituto y frente al alumnado y profesores el menor fue golpeado y retenido en las instalaciones de la policía de la Colonia Kennedy logrando su libertad por su madre y organismos de derechos humanos, esta persecución política (ver Estatuto de Roma) tiene como marco represivo la posición del menor , como estudiante de secundaria, contra el golpe de estado.
Las platicas que hemos sostenido con el Secretario de Educación no han logrado el objetivo de la matricula del Menor, actualmente se encuentra sin matricula, el comportamiento de las autoridades administrativas, nos llevo hasta el Ministerio Público en donde interpusimos una denuncia por abuso de autoridad contra la autoridad administrativa del Instituto, el día de ayer a las 10 a. m, comparecimos ante el Ministerio Publico a rendir declaración testifical, igual el Menor rindió declaración, nos acompaño la madre de él.
A las 4 de la tarde de ese día, Jorge Fernando, recibió la visita de un compañero de Colegio, que le manifestó que se fuera de la ciudad ya que unos jóvenes de maras, le habían manifestado que les estaban pagando 4 mil Dólares para que ejecutaran a cuatro miembros del Frente Estudiantil Morazanista de Secundaria y que le recomendaba que se fuera, ya que él estaba haciendo lo mismo.
El día de hoy 18 este compañero le hablo de la ciudad de Danli, diciéndole que ya él se había ido, que aun no los han ejecutado por que la persona que esta pagando, que es una doña de dinero, solo quería dar 2 mil Dólares y lo demás después, es necesario apuntar que hace tres meses el menor Jorge Fernando, fue secuestrado por un marero que lo anduvo en un bus urbano, mientras el joven marero se dedicaba a cobrar “impuesto”, lo materia dentro del bus bajo amenaza, este le decía que a el le habían pagado para matarlo y ya no lo iba a hacer por que le había caído bien, que se cuidara que otro no lo iba a perdonar.
El grado de impunidad con que actúan los agentes del estado permite que hoy se generan actos de persecución política en un Instituto de secundaria, actualmente el joven Jorge Fernando Jiménez es el Presidente del Consejo Estudiantil de ese Centro Educativo y miembro activo del Frente Estudiantil Morazanista de Secundaria de Honduras. Al momento de presentar esta urgente solicitud de medidas cautelares, sigue sin ir a recibir sus clases y con dificultades de matricularse en otro instituto por lo avanzado de las clases; CODEH prepara los reclamos administrativos respecticos para acudir en Amparo.
Aun lo anterior acudimos a la Ilustre Comisión solicitando Urgentes medidas cautelares para prevenir el eminente riesgo que tiene el joven José Fernando de perder la vida o sufrir daños irreversibles a su integridad física.
Llamamiento
Igual haremos Llamamientos a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, medios de opinión pública, a la ciudadanía, mantenerse activos y vigilantes para contribuir a salvar la vida e integridad física síquica y moral del menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16) y sus familia, en vista que hechos como estos se están registrado seguido en nuestro país, algunos de ellos han terminado en la migración de la victima y en los otros extremos han perdido la vida; caso concreto el de Francisco Castillo quien fuera asesinado el día de ayer, aun teniendo en proceso la posibilidad que la Comisión Interamericana solicitara al Estado de Honduras la adopción de medidas cautelares.
Por esta razón hacemos un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que: 1) urja la adopción de medidas que signifiquen el cese inmediato en el más breve plazo de las violaciones a los derechos humanos de lJorge Fernando Jiménez Reyes (16) y su familia, para que se asegure el derecho a la vida y la integridad física, así como una investigación pronta que permita reparar los daños causados a la familia como a la sociedad, 2) se solicita que la autoridad respectiva informe periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los resultados de la investigación; 3) que se evite que este caso se pretenda utilizar como justificación para causar daños a la vida e integridad de otras personas que se han manifestado solidarias con la causa por la vida, especialmente defensores de derechos humanos.
Demostramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y moral es actual y efectiva en contra el menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16) y su familia, motivo por el cual solicitamos que esta petición sea resuelta a la brevedad y comunicada por la vía mas rápida; ya que señalamos a la Comisión que en este caso se cumplen los supuestos del articulo 25 del Reglamento de la CIDH, esperando sea atendida la gravedad y urgencia de la situación de la victima.
Embajador Santiago Cantón
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F Street, NW
Asunto: Urgentes medidas Cautelares a Favor de Jorge Fernando Jiménez Reyes (16)
Estimado Embajador Cantón
Secretario Ejecutivo Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Yo, Andrés Pavón Murillo, hondureño, actuando en mi condición de Presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), venimos a solicitar que se le pida al Estado de Honduras la adopción de inmediatas y urgentes medidas cautelares a favor de la vida e integridad física del menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16), las que fundamento en la relación de los hechos y argumentos que a continuación te describo.
Ha sido objeto de agresión y hostigamiento como consecuencia que él y su familia forman parte del Frente Nacional de Resistencia Popular; agresión que a alcanzado la manifiesta incomodidad que la presencia del menor genera en las autoridades administrativas del Instituto Blanca Adriana Ponce Ponce; en este centro educativo le han negado la matricula en la jornada matutina, aunque se matriculó en dicha jornada, la Secretaria de dicha institución procedió de manera arbitraria a cambiarlo a la jornada de la tarde, este cambio arbitrario eleva los potenciales riesgos de agresión física, síquica, moral y hasta atentar contra su vida.
Este acto arbitrario que constituye abuso de autoridad, con el agravante de persecución política, fue motivado por la denuncia del menor JORGE FERNANDO JIMENES REYES (16) y su madre Norma Reyes quienes acudieron al CODEH en varias ocasiones ante las amenazas y hostigamiento por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que ha recibido el menor desde el 28 de junio del 2009 a la fecha, en varias ocasiones fue privado de su libertad por sostenerse en resistencia contra el golpe de Estado, una de las privaciones de libertad fue motivada por la Directora del Instituto Blanca Adriana Ponce de nombre Xiomara Ponce, quien llamó a los cuerpos de seguridad para privar al menor de su libertad, los cuerpos de seguridad llegaron hasta el Instituto y frente al alumnado y profesores el menor fue golpeado y retenido en las instalaciones de la policía de la Colonia Kennedy logrando su libertad por su madre y organismos de derechos humanos, esta persecución política (ver Estatuto de Roma) tiene como marco represivo la posición del menor , como estudiante de secundaria, contra el golpe de estado.
Las platicas que hemos sostenido con el Secretario de Educación no han logrado el objetivo de la matricula del Menor, actualmente se encuentra sin matricula, el comportamiento de las autoridades administrativas, nos llevo hasta el Ministerio Público en donde interpusimos una denuncia por abuso de autoridad contra la autoridad administrativa del Instituto, el día de ayer a las 10 a. m, comparecimos ante el Ministerio Publico a rendir declaración testifical, igual el Menor rindió declaración, nos acompaño la madre de él.
A las 4 de la tarde de ese día, Jorge Fernando, recibió la visita de un compañero de Colegio, que le manifestó que se fuera de la ciudad ya que unos jóvenes de maras, le habían manifestado que les estaban pagando 4 mil Dólares para que ejecutaran a cuatro miembros del Frente Estudiantil Morazanista de Secundaria y que le recomendaba que se fuera, ya que él estaba haciendo lo mismo.
El día de hoy 18 este compañero le hablo de la ciudad de Danli, diciéndole que ya él se había ido, que aun no los han ejecutado por que la persona que esta pagando, que es una doña de dinero, solo quería dar 2 mil Dólares y lo demás después, es necesario apuntar que hace tres meses el menor Jorge Fernando, fue secuestrado por un marero que lo anduvo en un bus urbano, mientras el joven marero se dedicaba a cobrar “impuesto”, lo materia dentro del bus bajo amenaza, este le decía que a el le habían pagado para matarlo y ya no lo iba a hacer por que le había caído bien, que se cuidara que otro no lo iba a perdonar.
El grado de impunidad con que actúan los agentes del estado permite que hoy se generan actos de persecución política en un Instituto de secundaria, actualmente el joven Jorge Fernando Jiménez es el Presidente del Consejo Estudiantil de ese Centro Educativo y miembro activo del Frente Estudiantil Morazanista de Secundaria de Honduras. Al momento de presentar esta urgente solicitud de medidas cautelares, sigue sin ir a recibir sus clases y con dificultades de matricularse en otro instituto por lo avanzado de las clases; CODEH prepara los reclamos administrativos respecticos para acudir en Amparo.
Aun lo anterior acudimos a la Ilustre Comisión solicitando Urgentes medidas cautelares para prevenir el eminente riesgo que tiene el joven José Fernando de perder la vida o sufrir daños irreversibles a su integridad física.
Llamamiento
Igual haremos Llamamientos a las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, medios de opinión pública, a la ciudadanía, mantenerse activos y vigilantes para contribuir a salvar la vida e integridad física síquica y moral del menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16) y sus familia, en vista que hechos como estos se están registrado seguido en nuestro país, algunos de ellos han terminado en la migración de la victima y en los otros extremos han perdido la vida; caso concreto el de Francisco Castillo quien fuera asesinado el día de ayer, aun teniendo en proceso la posibilidad que la Comisión Interamericana solicitara al Estado de Honduras la adopción de medidas cautelares.
Por esta razón hacemos un llamamiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que: 1) urja la adopción de medidas que signifiquen el cese inmediato en el más breve plazo de las violaciones a los derechos humanos de lJorge Fernando Jiménez Reyes (16) y su familia, para que se asegure el derecho a la vida y la integridad física, así como una investigación pronta que permita reparar los daños causados a la familia como a la sociedad, 2) se solicita que la autoridad respectiva informe periódicamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los resultados de la investigación; 3) que se evite que este caso se pretenda utilizar como justificación para causar daños a la vida e integridad de otras personas que se han manifestado solidarias con la causa por la vida, especialmente defensores de derechos humanos.
Demostramos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que las violaciones al derecho a la vida, a la integridad física y moral es actual y efectiva en contra el menor Jorge Fernando Jiménez Reyes (16) y su familia, motivo por el cual solicitamos que esta petición sea resuelta a la brevedad y comunicada por la vía mas rápida; ya que señalamos a la Comisión que en este caso se cumplen los supuestos del articulo 25 del Reglamento de la CIDH, esperando sea atendida la gravedad y urgencia de la situación de la victima.
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